Por: David Rodríguez | Acustik Noticias
Estado de México. 07 de junio de 2018.- Un juez federal declaró inconstitucional la asignación de 12 notarías públicas que asignó de forma provisional el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, debido a que ninguna de las personas cumple con los requisitos legales para tener este nombramiento.
Eutimio Ordóñez Gutiérrez, juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, otorgó un amparo a María Teresa Hernández Mejía, aspirante a notaria en dicha entidad, al impugnar los artículos 13 y 14 de la Ley del Notariado del Edomex, modificados mediante el decreto de reforma 119 publicado en el periódico oficial de la entidad el 6 de septiembre de 2017.
Antes de la reforma reclamada, la Ley del Notariado del Estado de México establecía un procedimiento para designar notarios: la persona interesada debía cubrir determinados requisitos (que incluían, entre otros, el título de licenciado en Derecho, tiempo de experiencia, prácticas notariales, exámenes y cursos) tras los cuales podía obtener la constancia de aspirante, que a su vez le permitía participar en exámenes de oposición.
Aunque el gobernador tenía la facultad de nombrar notarios provisionales, los elegidos debían cumplir con los requisitos de ley.
Eruviel designó a Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino del ex secretario general de Gobierno, José Manzur; a Ricardo Giovanni Arredondo Lino, sobrino de Erwin Lino, secretario particular del presidente Enrique Peña Nieto.
Asimismo, a Beatriz Mercedes Corona Mercado, hija de Jorge Corona Méndez, secretario auxiliar de Presidencia; y a Lorena Gárate Mejía, hija de Francisco Gárate, ex representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por mencionar algunos nombres.
En el juicio de amparo se señaló que los artículos citados son notoriamente discriminatorios, ya que realizan una distinción injustificada y desproporcional entre un grupo de personas que debe cumplir con los requisitos y presentar un examen de oposición para ocupar el cargo de notario y otro grupo que elige libremente el gobernador y a quienes se exime de cumplir las exigencias de la ley.
Lo anterior viola el derecho de igualdad, la libertad de trabajo y el derecho a acceder a cargos públicos, aseguró el juez.