Por: David Rodríguez | Acustik Noticias
Ciudad de México. 24 de junio de 2018.- Un juez federal resolvió que 46 sospechosos de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron detenidos de manera arbitraria, así como de haber sido retenidos por un plazo excedente al permitido y probablemente torturados para dar sus testimonios.
David Calderón Blanc, titular del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, decidió excluir como prueba todos los testimonios que habían rendido los acusados.
Su decisión se basó en que la policía del Estado de Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Marina (Semar) cometieron abusos e irregularidades en las detenciones de los probables responsables de los eventos de los pasados 26 y 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la sentencia del juez, en el derecho penal sólo se aprueba la detención de personas en tres formas: la orden de aprehensión de un juez; la flagrancia delictiva; y la orden del Ministerio Público por caso de urgencia en un delito grave y riesgo fundado de sustracción de la justicia.
Las declaraciones que no serán consideradas para la investigación de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, son de 24 agentes de la policía de Cocula y 10 de Iguala por ser detenidos de forma ilegal, así como siete presuntos integrantes de Guerreros Unidos por no haber sido puestos a disposición de inmediato ante el Ministerio Público.
Estos se suman a las cuatro órdenes de libertad otorgados a Marco Antonio Ríos Berber ‘El Cuasi’, Luis Alberto José Gaspar ‘El Tongo’, Martín Alejandro Macedo Barrera ‘El Becerro’ y Honorio Antúnez Osorio ‘El Patachín’.
Los casos a destacar
David Cruz Hernández, ‘El Chino’, ex agente de Protección Civil, quien señaló al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de haber ordenado la detención de los normalistas la noche del 26 de septiembre.
También el testimonio de Raúl Núñez Salgado, ‘El Canperra’, presunto operador financiero de Guerreros Unidos, quien aseguró que daba sobornos a Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Iguala, para dar protección a la organización delictiva.
A estas anulaciones de declaraciones se sumaría la de Sidronio Casarrubas Salgado, identificado por las autoridades como líder de Guerreros Unidos, debido a que la autoridad no ha podido demostrar que las confesiones ante el Ministerio Público fueron bajo la figura de la tortura.
En ese grupo también están el ex director Salvador Bravo Bárcenas; el comandante Antonio Morales González; y los subcomandantes Roberto Pedrote Nava y Ignacio Aceves Rosales.
El mismo razonamiento empleó con respecto a 10 policías de Iguala, entre los que se encuentran Édgar Vieyra Pereyda ‘El Taxco’ y Alejandro Mota Román ‘El Mota’.
El juez federal dictaminó que la mayoría de los casos, según los diligencias oficiales, fueron por una orden de detención por flagrancia, sin embargo, al corroborar los hechos, la autoridad federal no supo sustentar las capturas, por lo que se determinó que no cometieron delito alguno al momento de su aprehensión.