Por: Natalia Estrada
Acustik Noticias
Ciudad de México, 26 de enero de 2018.-El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez llamó a los congreso estatales garantizar la seguridad de los ciudadanos y la paz durante todo el proceso electoral.
Durante su participación en la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) que preside el perredista Pascual Sigala expuso que incluso la violencia contra autoridades y representantes populares, sobre todo municipales, en distintas entidades del país, demanda que los casos sean investigados y los responsables castigados conforme a derecho.
El ombudsman nacional también signó un convenio de colaboración para armonizar en materia de derechos humanos las legislaciones locales.
Y es que afirmó que la vigencia de los derechos humanos no es negociable, de cumplimiento discrecional o que acepte tolerancia en su incumplimiento por lo que subrayó que no basta el reconocimiento constitucional de tales prerrogativas, pues se requiere hacerlas efectivas para todos en todo el país.
Añadió que el poder Legislativo tiene la responsabilidad de lograr que sus leyes no violenten o restrinjan derechos fundamentales, y contribuyan a hacerlos vigentes, convirtiéndolos en elementos reales de defensa de las personas frente a la actuación arbitraria del poder.
En ese sentido dijo que queda pendiente la revisión integral y replanteamiento de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, y de diversos rubros vinculados a la necesidad de que se armonicen los instrumentos normativos, para dotar a los derechos humanos de mayor efectividad y vigencia, con énfasis en lograr que la igualdad enunciada por nuestra Constitución sea una realidad para poblaciones vulnerables.
Y es que recordó que no solo se violan derechos humanos cuando se transgrede un derecho específico, sino también cuando existen omisión en materia de armonización legislativa.
“El Poder Legislativo, en los distintos órdenes de gobierno –explicó—, puede incurrir en omisión legislativa, entendida en los términos referidos por la Corte. La violación a derechos humanos derivada de la omisión legislativa puede suponer la responsabilidad por incumplimiento de un órgano legislativo y al mismo tiempo puede suponer el incumplimiento y consecuentemente la responsabilidad internacional del Estado mexicano”, refirió.
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