Con el fin de prevenir y combatir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, las senadoras Geovanna Bañuelos, Ana Karen Hernández, Liz Sánchez y Yeidckol Polevnsky, así como el senador Alberto Anaya urgieron a la Secretaría de Bienestar Federal, y a sus homólogas en los estados, a reforzar las políticas y mecanismos para el acceso a la educación, deporte, cultura y actividades que permitan el desarrollo social, psicológico, mental y físico de este sector.
Asimismo, pidieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que en coordinación con el Instituto Nacional de Migración se fortalezcan las medidas de apoyo consular a las niñas, niños y adolescentes de otras nacionalidades que estén en proceso penal de portación de estupefacientes y armas en el país.
“El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado en México es una problemática alarmante que vulnera los derechos fundamentales de este sector de la población y perpetúa ciclos de violencia en la sociedad”, enfatizó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez.
Mediante un punto de acuerdo presentado al Senado de la República, las y el integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) advirtieron del creciente reclutamiento de menores por parte de células delictivas, ya sea mediante coerción o mediante engaño a través de ofertas económicas o laborales, prometiéndoles protección.
Y subrayaron que el involucramiento de niñas, niños y adolescentes en actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y armas, es una problemática que ha cobrado relevancia en México en los últimos años.
Según datos obtenidos a través de solicitudes de información, entre diciembre de 2018 y julio de 2024, se registraron 2 mil 33 arrestos de menores no acompañados en posesión de armas o drogas, lo que equivale a un promedio de casi una detención diaria.
Las entidades federativas con mayor número de arrestos de menores por estos delitos son Guanajuato, Michoacán y Sonora. Particularmente, ciudades como León (Guanajuato), Tijuana (Baja California) y Ciudad Juárez (Chihuahua) destacan por concentrar la mayoría de estas detenciones.
Al fundamentar la propuesta, el senador Alberto Anaya señaló que algunos de los factores que facilitan el reclutamiento son: la pobreza, la marginación, el abandono, la falta de oportunidades, la violencia familiar, la inseguridad, el tráfico de menores, la explotación infantil, la difusión de la narcocultura y la cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos.
Aunque no se cuentan con cifras exactas de los niñas, niños y adolescentes que son reclutados, se estima que entre 30 y 40 mil menores de edad son reclutados por el crimen organizado.
“Estos grupos reclutan a los menores debido a que tienen facilidad para ejercer control sobre ellos, ya que obedecen órdenes de los superiores en edad, no exigen tanto dinero como un adulto y es más fácil que ellos transporten armas y municiones”, detalló el coordinador parlamentario.
En este sentido, Anaya Gutiérrez apuntó que el involucramiento de menores en el crimen organizado requiere un enfoque multidisciplinario que ataque las raíces del problema y ofrezca soluciones sostenibles para las nuevas generaciones. “El reclutamiento y la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas representan una crisis que requiere atención urgente”.
“Es imperativo que el Estado mexicano refuerce o en su caso implementé políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de esta problemática, como la pobreza y la falta de oportunidades, además, que fortalezcan los sistemas de protección y justicia para garantizar un futuro seguro y digno para la niñez y juventud mexicana”, concluyó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Bienestar, para su análisis y posterior dictamen.