Alberto Vanegas Arenas, diputado de Morena, presentó una iniciativa que busca reformar diversos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como de las Leyes de Salud y de Establecimientos Mercantiles local, con el objetivo de armonizarlas con la reforma federal que prohíbe el uso de vapeadores y cigarros electrónicos.
“La armonización de estas reformas aprobadas es, por tanto, un paso esencial para consolidar que estos avances conquistados a nivel federal se traduzcan en lo local”, señaló.
En ese sentido, recordó que tanto en el Congreso de la Unión como en el Congreso de la Ciudad ya se aprobaron dictámenes que prohíben el uso de vapeadores, sin embargo, este tipo de dispositivos siguen siendo vendidos y usados de forma indiscriminada por una parte de la población.
“En México, se han implementado restricciones en la importación y comercialización mediante regulaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, no obstante, el mercado negro y la venta en línea han desafiado estas disposiciones, lo que ha llevado a un debate sobre la necesidad de un marco regulatorio más efectivo”, dijo al fundamentar su propuesta.
Mencionó que en este contexto, donde persiste la falta de regulación estricta, han proliferado productos de baja calidad o falsificados, lo que motivó el principio constitucional que prohíbe y sanciona el uso de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas que no cuentan con autorización legal.
“Uno de los principales desafíos regulatorios radica en la falta de vigencia concluyente sobre sus efectos a largo plazo. Mientras que algunas investigaciones sugieren que los vapeadores contienen menos sustancias tóxicas que los cigarros tradicionales, otros estudios identifican la presencia de compuestos como el formaldehído y el acetaldehído, además de la nicotina, que generan adicción y afectan el desarrollo cerebral de las personas jóvenes”, explicó Vanegas.
El legislador refirió que el creciente consumo de vapeadores y cigarros electrónicos ha generado un debate multidimensional en el que convergen la salud pública, la regulación gubernamental y los intereses económicos.
Sin embargo, la protección a la salud juega un papel central en la agenda del actual gobierno, y no se deben ignorar los riesgos que estos dispositivos representan especialmente para niñas, niños y adolescentes.
“No olvidemos que la salud es un derecho humano, no un privilegio, y nuestra labor legislativa debe estar orientada a materializarlo en cada rincón de nuestra ciudad y en cada espacio donde el Estado tenga responsabilidad de actuar”, concluyó.