La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 200/2024 a la Comisión Federal de Electricidad Distribución (CFE Distribución) luego de acreditar que una persona falleció tras tener contacto con una línea de energía eléctrica de media tensión, ubicada en un inmueble de Huatabampo, Sonora, la cual no guarda la distancia requerida para la seguridad de quienes viven en casas colindantes.
Aunque la CFE argumentó que el inmueble en cuestión invade el derecho de vía constituido a favor de CFE Distribución, personal especializado de esta Comisión Nacional demostró que las construcciones del lugar se encuentran alineadas, por lo que no se invade el derecho de vía. En tal sentido, se tiene por acreditado que la línea de energía eléctrica que ocasionó el fallecimiento de la víctima incumplía con las medidas de distancia horizontal y vertical conforme a lo requerido en la norma.
Por estos hechos, la CNDH recomendó a la CFE Distribución que colabore en el trámite de inscripción de las víctimas directa e indirectas, para que pueda proceder a la inmediata reparación integral del daño que incluya la medida de compensación y atención psicológica y/o tanatológica que se requiera; dar seguimiento a la carpeta de investigación iniciada en la oficina de la Fiscalía General de Justicia en Sonora; brindar formación especializada en materia de derechos humanos al personal que labora en la Superintendencia de Zona Los Mochis de la Gerencia Divisional Noroeste de CFE Distribución; y realizar un dictamen sobre el estado físico y de seguridad que guarda la línea aérea de energía eléctrica y demás equipo asociado en el lugar de los hechos descritos, con el fin de que implemente las acciones correctivas necesarias.
Con la presente recomendación, la CNDH impulsa la reparación integral del daño, en medida de lo que es posible, a las víctimas indirectas, así como el acceso a la justicia para combatir la impunidad y prevenir nuevas violaciones a derechos humanos. Además, trabaja en conjunto con las autoridades señaladas en la atención de las medidas de seguridad necesarias para garantizar el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, así como generar un ambiente seguro para resguardar la vida. La formación de las personas servidoras públicas en materia de derechos humanos es parte fundamental para la prevención y genera un servicio público verdaderamente comprometido con la garantía y respeto de los derechos de todos y todas.