Para erradicar la desinformación y abundar sobre las razones que hacen necesaria la
iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial presentada por el Ejecutivo federal, y
que actualmente se discute en el Senado de la República, esta mañana las titulares de las
secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
recordaron las problemáticas y los vicios que existen en el sistema encargado de
administrar la justicia en México.
Durante la conferencia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en
Palacio Nacional, la encargada de la política interior del país, Luisa María Alcalde Luján,
señaló que una de las principales mentiras que se difunden es que hay un interés por
parte del presidente de México para controlar al Poder Judicial, en específico a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual es totalmente falso porque si esa fuera la
intención, sencillamente no se plantearía ninguna reforma por la manera en la que hoy se
elige a las y los ministros.
Actualmente, sin reforma, se eligen de la siguiente manera: la o el presidente tiene la
posibilidad de presentar libremente una terna al Senado de la República, cuyas únicas
condiciones es que sean profesionales del Derecho —sin la obligatoriedad de que deban
tener una carrera judicial—, edad mayor a 35 años y acumulen una década de experiencia.
A su vez, el Senado de la República elige a una de las personas candidatas por dos terceras
partes o también puede rechazar la terna; en ese caso, de nueva cuenta la o el presidente
puede presentar otra terna y, si es rechazada nuevamente, la o el titular del Ejecutivo
federal designa directamente a quien será el próximo ministro o ministra de la SCJN. “Es
decir, la o el presidente realmente tiene la posibilidad de designar de manera directa.”
Explicó que la presidenta electa estaría en posibilidad de designar, sin reforma, a cuatro
ministros: en diciembre de 2024, por la conclusión en el cargo del actual ministro, podría
designar a quien ocuparía ese lugar. Posteriormente, en febrero de 2026 concluye otro
ministro, por lo cual podría designar a otra u otro más.
Asimismo, un tercer y cuarto ministros culminan el encargo en noviembre de 2027, es
decir, cuatro ministros que, sumados a tres que se considera son de una visión más
progresista, otorgarían mayoría a la mitad del siguiente sexenio, es decir, siete de 11
ministros tendrían posibilidad de evitar la declaración de inconstitucionalidad de
cualquier ley.
“Si la intención fuese esa, pues simplemente no se haría ninguna reforma y se quedarían
las cosas como están, pero no es el caso. La reforma lo que está planteando es que sea la
ciudadanía la que participe, el pueblo de México a través de un proceso democrático, que
pueda acudir a las urnas y pueda votar por quien considera son los mejores perfiles para
ser ministros de la Corte, magistrados y jueces.”
Asimismo, señaló que, pese a que la Corte no tiene facultades de involucrarse en temas
electorales, debido a que corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), en diciembre de 2023 —meses antes de la elección
presidencial— la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, convocó a
una cena privada a dirigentes e integrantes de los partidos Revolucionario Institucional
(PRI) y Acción Nacional (PAN), así como a magistrados electorales de la Sala Superior.
Otro caso sucedió en julio de 2024, cuando a pesar de a que las y los jueces no tienen
competencia en materia electoral, un juez de distrito ordenó al TEPJF designar dos
magistrados para integrar dicha institución. Se trató de una acción totalmente indebida;
tanto, que el propio tribunal rechazó por completo esta decisión, a unos días de calificar la
elección presidencial.
Un tercer caso sucedió en agosto de este año, cuando la presidenta de la SCJN, Norma
Piña admitió un recurso presentado por el dirigente del PAN, Marko Antonio Cortés
Mendoza, para que la corte pudiera interpretar y definir los criterios de asignación de
diputaciones plurinominales, es decir, otro asunto que no corresponde sino al TEPJF.
Enfatizó los vicios en los procedimientos de selección de jueces; por ejemplo, en 2019,
como muchos otros casos, se tuvo conocimiento de la venta de exámenes de oposición,
que radica en pruebas selectivas para que las personas aspirantes a ocupar el cargo
muestren su competencia. Fueron destituidos quienes estuvieron a cargo de la escuela
judicial por haber vendido los exámenes en 186 mil pesos.
También expuso que los concursos de oposición son impugnados con frecuencia, debido
a que se considera que existe alto nivel de influyentismo e inequidad porque en estos
exámenes quedan personas cercanas a ministros o magistrados.
Respecto a la existencia de nepotismo dentro del Poder Judicial, explicó con datos del
propio Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que 49 por ciento del personal, equivalente
a 24 mil 546 personas, tiene al menos un familiar dentro del PJ, lo mismo que 85.4 por
ciento de las y los magistrados y 67 por ciento de las y los jueces.
En promedio, detalló, las y los magistrados tienen 4.7 familiares trabajando en la
institución; 23.7 por ciento del personal del Poder Judicial tiene más de cuatro familiares y
“la persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes
trabajando”; entre ellos, un magistrado, secretarios, actuarios y oficiales.
Advirtió que el Consejo de la Judicatura es un órgano “no eficiente para vigilar el
comportamiento de los jueces”: de las 38 mil quejas en contra de personas funcionarias
del Poder Judicial presentadas de 2004 a 2023, en 86 por ciento de los casos no se inició
investigación; de las que sí se investigaron, únicamente 472 jueces y magistrados fueron
sancionados en este periodo.
De las 72 denuncias presentadas de 2023 a la fecha por el gobierno federal y sus
dependencias ante el Consejo de la Judicatura en contra de jueces y magistrados,
ninguna ha sido resuelta ni se ha sancionado a alguna persona servidora pública, abundó.
Otra de las razones son las diferencias salariales que existen entre las remuneraciones que
recibe el presidente de la República —de acuerdo con el artículo 127, fracción segunda de
la Constitución—, que ascienden a 161 mil 538 pesos mismas entre salario y prestaciones,
en comparación a las recibidas por las y los ministros de la SCJN que suman 460 mil 783
pesos, sin contar muchos otros conceptos que se suman como alimentos, camionetas,
gasolina y telefonía