La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, resaltó que este gobierno ha tratado de ir avanzando en una política laboral transformadora y muestra es el trabajo que se ha hecho para la basificación de maestras y maestros y personal del sector salud, quienes además ahora perciben mejores salarios.
Al asistir en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador al informe de actividades, correspondiente al periodo 2022-2023 del magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales Vázquez, la encargada de la política interior del país subrayó que también en estos cinco años gracias a la política de salarios mínimos y a la laboral de negociación colectiva auténtica, ha sido posible incrementar los salarios.
“Ese ha sido otro de los grandes objetivos en favor de los trabajadores al servicio del Estado”, aseguró.
La secretaria Luisa María Alcalde detalló que tan solo en el sector educativo se ha basificado a 950 mil maestras y maestros que tenían 15 o hasta 20 años sin una base.
“Estamos con el objetivo de llegar por lo menos a 1 millón, 1 millón de maestras y maestros que tenían este tipo de contratos y que ahora se les reconocerán sus derechos”.
Por decisión del presidente –añadió– se fijó en 16 mil pesos el salario que debían ganar todas las maestras y los maestros, y muchos de ellos tuvieron un incremento inmediato que ha logrado, por lo menos, garantizar que ganen el salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En el salón Revolución del conjunto Bucareli, la titular de Gobernación resaltó que, aunado a lo anterior, en el sector salud se concluirá 2023 con cerca de 43 mil personas trabajadoras basificadas, y el próximo año el esfuerzo estará dirigido a la basificación de la transferencia y basificación de aquellos que se encuentran en las entidades federativas.
“Vamos a hacer un trabajo sin precedentes y todo con esa política de que si no respetamos los derechos de las mujeres y hombres que viven de su trabajo y que se empeñan y dan su vida por el servicio público, poco podemos exigir hacia adelante y pensar en una política integral”, expresó.
Asimismo, la secretaria de Gobernación recalcó el enfoque que este gobierno ha dado a la libertad y democracia sindicales. “Una reforma fundamental aprobada el 1º de mayo del 2019 que trastocó el sistema, digamos anterior, donde al líder sindical se le ponía por dedazo; abrir la posibilidad a que se participe a través del voto personal, libre, directo y secreto. Abrir la posibilidad a que se puedan formar nuevas organizaciones y no se determine por la propia ley que solo existe, única y exclusivamente, una determinada”.
En su informe, el magistrado presidente Plácido Morales Vázquez destacó que en esta administración se dio un paso esperado e imperceptible, pero para la democratización sindical un gran salto: el voto personal, libre, directo y secreto para todos los trabajadores, incluyendo los del Apartado B que agrupa a todas y todos los trabajadores al servicio del Estado.
Destacó que la democratizado sindical cumple uno de los objetivos de la transformación nacional: la democratizado integral de la sociedad mexicana, y que aun cuando la libre sindicación, la transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos es trascendente, no obstante, apuntó que en lo que concierne a juicios labores individuales de las y los trabajadores al servicio del Estado, se debe continuar con el trabajo para lograr un proceso más ágil y expedito en el que se dé preeminencia a la conciliación, juicios menos costosos para el gobierno y más justo para las y los servidores públicos.
En ese sentido, enfatizó que se registró un aumento del 106.45 por ciento de personas afiliadas a organizaciones sindicales respecto al año pasado, lo cual implica qué más del doble de personas trabajadoras están protegidas por un sindicato.
Asimismo, detalló que las ocho salas y la Secretaría General de Acuerdos cuentan con 37 mil 438 expedientes; 22 mil 270 en trámite; en 2 mil 256 se ha cerrado instrucción; en 12 mil 917 asuntos ya tienen laudo y en 5 mil 026 el laudo está en ejecución. Destacó que en 3 mil 199 asuntos los laudos representan 494 millones 054 mil 284 pesos, el máximo pagado en juicios laborales.
Agregó que durante 2023 la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado (PRODETSE) representó a 4 mil 339 personas trabajadoras en juicios laborales, lo que representa casi el 12 por ciento del universo de los expedientes que se atienden en el tribunal.