El país goza de gobernabilidad porque hay bienestar social y democracia, afirmó la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, quien hoy compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su exposición destacaron temas torales como migración; búsqueda de personas desaparecidas, el caso Ayotzinapa, protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, violencia contra las mujeres, diálogo entre poderes de la Unión, coordinación con gobiernos estatales y, de manera especial, el compromiso de cara al proceso electoral de 2024 para que este se desarrolle de manera libre, pacífica y ordenada.
Refrendó que el actuar de este gobierno parte del diálogo basado en el respeto, los equilibrios y la independencia entre Poderes. “Me he reunido con las y los coordinadores de todos los grupos parlamentarios; legisladores de todos los partidos; gobernadores de todos los colores; ministros, consejeros y magistrados; fiscales generales e integrantes de organismos autónomos; y siempre lo he hecho con respeto, animada por contrastar visiones y encontrar acuerdos que nos permitan lograr soluciones perdurables en beneficio de todas y todos, y no solo de unos cuantos”, señaló.
Luisa María Alcalde afirmó que la Secretaría de Gobernación “ya no es ese aparato siniestro que reprimía a la disidencia, desarticulaba la crítica, espiaba a la oposición y daba línea a los demás órganos y poderes del Estado. Hoy es la instancia que garantiza los derechos humanos y las libertades; que protege a los perseguidos, tutela a las víctimas y promueve una cultura de paz y diálogo para encontrar soluciones”, subrayó.
En este contexto, la titular de la Segob defendió el enfoque del gobierno para atender el problema de la inseguridad con una estrategia radicalmente opuesta a la que se tenía en el pasado. Se trata –abundó– de tres pilares: el primero es atender las causas que generan la violencia garantizando oportunidades de empleo y estudio a los jóvenes; el segundo consiste en que el tema de seguridad no es un asunto que se delega como se hacía en el pasado y el tercero es la creación de la Guardia Nacional (GN).
En el recinto legislativo de San Lázaro, la secretaria de Gobernación se refirió a un tema de máxima trascendencia como es la búsqueda de personas desaparecidas. Apuntó que se fortalece la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); su presupuesto ha incrementado en 134 por ciento y se prevé duplicarlo para 2024 con un monto de 2 mil 768 millones de pesos.
Además, su estructura se ha multiplicado seis veces respecto a 2018. También se han creado 17 comisiones estatales de búsqueda, así como el Centro Nacional de Identificación Humana. Adicionalmente –anunció– se trabaja para contar con un registro de personas desaparecidas confiable y útil para su búsqueda.
En materia de migración explicó que se atienden directamente las causas que obligan a las personas a abandonar sus comunidades (tales como la pobreza, desigualdad y violencia) para que migrar sea una opción y no una necesidad. Para atender a población en contexto de migración, se han construido centros integradores tanto en el sureste del país como en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, sitios donde se ofrece alimentación, servicios médicos, atención psicológica y vinculación laboral.
En el caso Ayotzinapa refrendó que se trabaja para garantizar el derecho a la verdad para revelar las circunstancias, motivos y hechos que convirtieron la negra noche de Iguala en un crimen de Estado. Ratificó que el segundo informe presentado la semana pasada concluye que los estudiantes no formaban parte del crimen organizado y reconoce la participación de agentes del Estado y autoridades del más alto nivel en la fabricación de la verdad histórica.
Insistió en que la comisión en la materia no ha torturado o sembrado pruebas; no ha alterado escenas del crimen, ni ha fabricado culpables; por el contrario, ha actuado con ética y humanismo.
En el rubro de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas remarcó que este gobierno respeta y promueve el pensamiento crítico y la libertad de expresión. “No seutiliza el poder del Estado para acallar las voces disidentes, al contrario, se realizan esfuerzos sin precedentes para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos cuya integridad esté en riesgo por su labor profesional”.