La diputada María del Carmen Pinete Vargas y el diputado Jorge Luis Llaven Abarca, del PVEM, presentaron una iniciativa para aumentar hasta en una mitad las sanciones penales para los delitos de abuso sexual y violación cuando se cometan en lugares públicos, establecimientos mercantiles, vía pública, así como en el transporte público y privado.
La propuesta, que adiciona una fracción VI al artículo 266 Bis del Código Penal Federal, expresa que el objetivo es establecer una agravante a esos delitos y hacer frente a la violencia sexual que sufren las mujeres, niñas y adolescentes por la falta de medidas de seguridad adecuadas y la normalización de la violencia de género.
Explica que la violencia en espacios públicos es una problemática alarmante, pues cada año aumentan las cifras y se ha vuelto “normal” encontrar casos que dan cuenta de esas agresiones, que se cometen en todo tipo de espacios, desde centros nocturnos hasta escuelas, exponiendo que esta violencia afecta a mujeres adultas, jóvenes, adolescentes y niñas.
La violencia sexual contra las mujeres “no se da de forma accidental, es resultado de una discriminación arraigada y no muchas veces percibida”, y ha provocado la pérdida de su capacidad para disfrutar sus derechos y libertades.
Señala que, a pesar de los avances significativos en el reconocimiento formal de sus derechos y la igualdad de género, las mujeres en México enfrentan desigualdades económicas, sociales y marginación, muchas sufren violencia física, psicológica y sexual.
Indica que es un problema sistémico derivado de las desigualdades de género arraigadas en la sociedad mexicana, por lo que es necesario establecer medidas urgentes para prevenirla, erradicarla y que se sientan seguras en cualquier espacio, especialmente en el público, lo cual es indispensable para el ejercicio pleno de sus derechos y libertades.
En 2021, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares demostró que el 70 por ciento de las mujeres encuestadas de 15 años y más había experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, y la violencia sexual es la segunda con mayor prevalencia.
Asimismo, las llamadas de emergencia por abuso sexual y acoso u hostigamiento llegaron a un máximo histórico, ya que hubo 6 mil 977 llamadas por abuso sexual y 11 mil 323 por hostigamiento; entre enero y noviembre de 2022 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registró 21 mil 615 delitos de violación.
La Encuesta de Victimización Prevalencia e Incidencia Delictiva, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mostró que en 2021 las mujeres eran más vulnerables, pues por cada 10 delitos sexuales cometidos contra ellas, hubo uno cometido contra hombres.