Al presentar los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2022, que analiza las condiciones de reclusión de 299 centros penitenciarios federales, estatales y lugares de internamiento de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), maestra Rosario Piedra Ibarra, hizo un llamado a las autoridades responsables para revertir los problemas que enfrentan las prisiones y prevenir riesgos en materia de gobernabilidad, seguridad y violaciones a los derechos humanos.
Durante la presentación del DNSP, efectuada el 6 de junio en el Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH) “Rosario Ibarra de Piedra”, señaló que para la realización del documento se visitaron 14 centros penitenciarios federales, 237 estatales, tres prisiones militares y 45 centros de internamiento para adolescentes y jóvenes, lo que constituye la muestra más amplia desde que se elabora el Diagnóstico, el cual, -dijo- tiene como finalidad no sólo hacer un análisis cuantitativo de la situación que impera en las cárceles del país, sino también detectar los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario para garantizar el respeto a los derechos humanos y una vida digna tanto de las personas privadas de la libertad como de las autoridades y de quienes ahí laboran.
En presencia de autoridades penitenciarias federales y estatales, la presidenta de la CNDH expresó que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en su edición 2022 también proporciona elementos de análisis cualitativo con el propósito de mejorar las condiciones de estancia de las personas internas, especialmente de aquellas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad como adolescentes, jóvenes, mujeres y sus hijos que viven con ellas, así como las personas adultas mayores, entre otros.
Asimismo, aseguró que la Comisión busca establecer bases de máxima de observancia de los derechos humanos, a fin de que a las personas privadas de la libertad se les reconozca como sujetos de atención y derechos, a partir de sus distintas interseccionalidades, producto de lo cual, se ha logrado el cierre de tres cárceles en el estado de Hidalgo que no cumplían condiciones mínimas, así como la decisión del gobierno del estado de Morelos de destinar los penales de Jojutla y Cuautla solamente para las personas del sexo masculino y albergar a las mujeres privadas de la libertad en un centro carcelario exclusivo para ellas.
Por otro lado, lamentó que pese a los resultados de los anteriores Diagnósticos emitidos por la CNDH, no se hayan tomado las medidas para generar condiciones dignas y realizar acciones que permitan revertir las grandes problemáticas que se detectan e impactan en la situación de los penales, por lo que llamó a las autoridades responsables a efectuar un análisis crítico y detectar los obstáculos y limitaciones que impactan en las condiciones de gobernabilidad y seguridad, que además impiden lograr el objetivo primario que es la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Por su parte, la directora general de la Tercera Visitaduría de este organismo nacional, Hilda Téllez Lino, dio a conocer que, con un enfoque interseccional, diferencial y con perspectiva de género, se supervisaron 235 centros estatales (22 centros femeniles, 108 centros varoniles y 105 centros mixtos), 14 Centros Federales de Readaptación Social y tres prisiones militares (ubicadas en Jalisco, Sinaloa y Ciudad de México), además de 45 centros de Internamiento a nivel nacional. Detalló que, al momento de la supervisión, la muestra nacional contaba con 199 mil 544 personas privadas de la libertad, de la cuales, 186 mil 822 eran hombres (93.6 %) y 12 mil 722 mujeres (6.4 %), y de éstas 69 mil 204 personas pertenecían a algún grupo de atención prioritaria.
Los Centros Federales de Readaptación Social obtuvieron un promedio global de calificación de 7.47, mismo que se sostiene respecto al año anterior y en dichos centros persisten retos por parte de la Autoridad Federal, ya que durante las visitas de supervisión se constató la necesidad de llevar a cabo acciones encaminadas a garantizar la atención médica de la población, así como de contar con suficiencia de personal de seguridad y custodia entre otras.
En el caso de los sistemas penitenciarios estatales se identificó que 12 obtuvieron calificaciones reprobatorias entre el 4.26 al 5.94, siendo estos correspondientes a los estados de Sonora, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Colima. Asimismo, 13 sistemas penitenciarios obtuvieron calificaciones entre el 6.05 al 6.98, correspondientes a los estados de: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Coahuila, Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California Sur y Campeche. En tanto que, seis sistemas penitenciarios de las entidades de Durango, Morelos, Quintana Roo, Yucatán, Tlaxcala y Chihuahua, obtuvieron calificaciones promedio entre el 7.06 al 7.62; por lo que únicamente el sistema penitenciario del estado de Querétaro obtuvo una calificación de 8.22.
Se identificó, también, que 14 sistemas penitenciarios estatales tuvieron una tendencia a la baja con respecto a las calificaciones obtenidas en el año 2021, siendo estos Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima y Tlaxcala.