La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), maestra Rosario Piedra Ibarra, ofreció este día, a nombre de la institución, una disculpa pública a las víctimas y familiares de víctimas de las violaciones graves a los derechos humanos durante el periodo de violencia política de Estado, comprendido entre 1965 y 1990, por sus omisiones en la investigación de esos hechos, contribuyendo con ello al aplazamiento de la justicia por más de 22 años.
Durante el acto de Seguimiento a la Recomendación 98VG/2023, emitida por este organismo nacional sobre casos de violaciones graves a los derechos humanos durante el pasado reciente, dijo que es una deuda histórica reivindicar a quienes fueron víctimas de esta situación, y llamó a las diversas autoridades recomendadas a unirse para trabajar con el objeto de resarcir el enorme daño social ocasionado a personas y colectividades enteras, y a todo el país, durante la etapa conocida como la “Guerra Sucia”.
En las instalaciones del edificio sede de la CNDH, que desde hoy llevará el nombre del abogado y defensor de presos políticos, Marco Antonio Lanz Galera -quien también fue perseguido y asesinado por agentes del Estado mexicano en 1953, durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines-, la presidenta Piedra Ibarra indicó que desde la primera administración de esta institución, presidida por Jorge Carpizo McGregor, se llevó a cabo un montaje inmoral para entregar la investigación y resolución de los casos de desaparición forzada a los mismos que engendraron la violencia política, es decir, a torturadores, secuestradores y asesinos pertenecientes a la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS), al desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Incluso, detalló, en esa primera CNDH se llegó a crear un programa (Programa de Presuntos Desaparecidos) que en su nombre “llevaba la negación de nuestras demandas, porque ni siquiera podían reconocer que hubiera personas desaparecidas en nuestro país”, lo cual confirmó la colusión entre autoridades, los pactos de silencio y complicidad, además de que desde esta misma institución defensora de los derechos humanos “se ocultó información valiosísima que hubiera sido útil para explicar las razones de la desaparición de algunas víctimas”, a cuyos familiares inclusive se les amenazó, hostigó y obligó para que desistieran de continuar su lucha y el trámite de sus quejas, lo cual está ampliamente documentado en la citada Recomendación.
Rosario Piedra Ibarra recordó que a principios de los años noventa las madres del Comité ¡Eureka!, entre ellas doña Rosario Ibarra de Piedra, fueron recibidas por el recién nombrado presidente de la CNDH, Jorge Carpizo, quien se limitó a contestar que la CNDH no tenía funciones ejecutivas ni autoridad y poder sobre dependencias judiciales o administrativas, por lo que sólo se limitaba a dar Recomendaciones, mismas que podían o no ser acatadas por el gobierno, “es decir que no podía hacer nada, prefigurando así el retrato de un engendro simbólico meramente testimonial”.
Por tal motivo y frente a víctimas de violaciones a derechos humanos y personal de esta Comisión, la presidenta de la CNDH, ofreció “una disculpa pública al honor y dignidad de las 814 víctimas enunciadas en la Recomendación 98VG/2023, de todas las víctimas de violencia política de Estado por las afectaciones ocasionadas”, por la violación a sus derechos humanos; así como a sus familiares quienes acudieron, en su momento, a la Comisión en busca de justicia y reparación, mas no fueron escuchadas ni atendidas y, peor aún, fueron engañadas mediante recursos dilatorios.
Asimismo, en su carácter de titular de la CNDH se comprometió a hacer todo lo que esté al alcance del organismo para resarcir las afectaciones y los daños causados, por lo que anunció la presentación de una reforma interna para evitar que se emitan Recomendaciones insuficientes o mal integradas, además de que instruyó a la Dirección General de Recursos Humanos para intensificar las acciones de capacitación y sensibilización del personal de esta Comisión, especialmente a quienes tienen contacto con personas quejosas; así como a la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente para que apoye las acciones de seguimiento de la Recomendación 98VG/2023, y para trabajar de la mano de las autoridades en su cumplimiento total.