Es necesaria una mayor participación del sector privado para impulsar el financiamiento que permita el desarrollo de infraestructura sostenible, inclusiva y de calidad en regiones y ciudades, lo que es fundamental para generar beneficios sociales y financieros, especialmente en países en desarrollo.
Al expresar lo anterior, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseveró que este objetivo puede lograrse a través del uso de instrumentos financieros innovadores para ampliar el acceso a capital; una mayor interacción entre los sectores público y privado y actores internacionales, y un enfoque que considere riesgos ambientales.
En su intervención en la plenaria de ministros de Finanzas del G20 en Washington, el titular de Hacienda puntualizó que, en las circunstancias actuales, en las que la pandemia ha traído retos inesperados, aún tenemos un largo camino que recorrer para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En este sentido, precisó que las capacidades de los gobiernos para movilizar capital a través de novedosos instrumentos financieros serán cruciales para alcanzar dichos objetivos. Mientras los retos sociales y ambientales, agregó, siguen siendo complejos, es esencial el involucramiento del sector privado, las autoridades regulatorias y los gobiernos.
Al respecto, subrayó que México refrendó su compromiso de alcanzar simultáneamente un desarrollo verde y social a través de la emisión del primer bono soberano alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el impulso de mercados de carbono, la creación de una taxonomía sustentable y la distribución del gasto público en función de dichos criterios.
Ramírez de la O afirmó que la pandemia cambió nuestra relación con el manejo de los recursos financieros, acelerando la transición hacia los pagos digitales y disminuyendo el uso del efectivo. Por ello, enfatizó, los países de ingresos medios deben seguir trabajando en expandir la estructura financiera y derribar las barreras digitales a fin de que las personas y las empresas, especialmente los grupos más vulnerables como poblaciones indígenas y rurales, y micro, pequeñas y medianas empresas, puedan acceder a los beneficios de la economía digital.
Por otra parte, señaló que las discusiones referentes a la implementación de un paquete de impuestos internacionales, ha evidenciado la necesidad de garantizar una resolución justa y balanceada para todos los países. Para ello, indicó, es importante construir un andamiaje legal y financiero con capacidades técnicas de los sectores público y privado, en particular para las naciones ingresos bajo y medio.
Debemos seguir trabajando en conjunto para encontrar soluciones que sean satisfactorias para todos los países, lo que determinará la exitosa implementación de este proyecto y así prevenir el establecimiento de medidas unilaterales de impuestos para servicios digitales y nuevos modelos de negocio, concluyó.