Mantener el financiamiento público a partidos y campañas políticas, a fin de que haya competencia equitativa entre estas organizaciones y candidatos, además de contar con un modelo fuerte de fiscalización de los recursos, fueron parte de los temas analizados por especialistas en materia electoral quienes participaron en el Seminario Reforma Política-Electoral “Riesgos y Oportunidades”.
La académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, Jacqueline Peschard Mariscal, comentó que para la sociedad es ofensivo que se otorgue a partidos políticos la tercera parte del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que también le resulta oneroso a la población. Sin embargo, el desprestigio de los montos públicos que se les destinan no es de ahora, ni de la agenda de Morena, viene de tiempo atrás.
No debemos pensar si se requiere o no presupuesto para esas organizaciones políticas, si no cuánto es lo que se necesita; ello debe ir aparejado de un análisis sobre cuánto cuesta una campaña. “Se supone que eso se ha hecho para identificar la fórmula actual de subvención”.
Uno de los temas que origina que el financiamiento sea una bolsa que parece agraviar a los mexicanos, es que se destinan recursos federales a los partidos nacionales, lo cual se replica en el ámbito local, entonces prácticamente se duplica. “Una fórmula fácil de reducir financiamiento público a esas estructuras, es algo que ha planteado el INE: eliminar el financiamiento local”, aseguró.
Para el profesor investigador del Centro de Estudios Antropológicos de la FCPyS, Emanuel Rodríguez Domínguez, el monto económico otorgado y la fiscalización electoral son tópicos importantes para la reproducción de buenas prácticas e integridad electorales. “Si no se definen bien las reglas del juego estamos cayendo también en un caldo de cultivo de malas prácticas electorales”.
Indicó que el uso de programas sociales con fines electorales es un aspecto fundamental a considerar. Un gobierno puede estar bien evaluado y generar una política social importante, pero si no existe un buen mecanismo de financiamiento que garantice a la oposición contrarrestar propuestas de política pública, social e ideológica, será difícil garantizar una competencia equitativa.
Emanuel Rodríguez dijo que no percibe “un mundo sin financiamiento público que no garantice, en cierta medida un piso parejo, sobre todo cuando los partidos en el gobierno, que se han configurado como predominantes tienen otro piso de recursos para competir electoralmente”. Uno de los retos también es definir cómo se ejercen esos recursos en el marco del financiamiento, los topes de campaña es un punto fundamental.
En la sesión Financiamiento y Fiscalización Electoral, Javier Aparicio Castillo, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), recalcó que es necesario defender el financiamiento público, lo que desde siempre se ha considerado como un desperdicio de recursos en un país con carencias, desigualdades y pobreza.
Los topes de gastos de campaña están vinculados, pero si no se diseña bien el financiamiento que se otorga y se establecen, podrían generarse escenarios no deseados, es decir, se invita a partidos y campañas a que haya un mercado negro de recursos, lo que dificulta la fiscalización. Entonces, el patrocinio debe ser coherente con los topes de gasto de campaña y la capacidad de fiscalizar los recursos.
Fiscalización en tiempo real
En tanto, Fan Jua Rivas Maldonado, coordinadora operativa de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, resaltó la importancia de contar con un modelo fuerte de fiscalización, pues se trata de la vigilancia y el control necesario para determinar el origen, montos y aplicación de los recursos, de ahí la relevancia de contar con una autoridad electoral sólida.
El proceso del INE en este ámbito es rápido y oportuno, cuyos resultados pueden determinar quién en realidad ocupará un cargo, eso es también importante.
A su vez, el coordinador de asesores del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Jesús René Quiñones Ceballos, acotó que disminuir los recursos a los institutos políticos tendría algunas consecuencias, ya que el crimen organizado ha financiado algunas campañas o actores relevantes para obtener beneficios de los gobernantes o de los poderes legislativos. “Eso es algo que no nos gusta, pero ocurre, y pareciera que es un secreto a voces”.
Hoy se cuenta con una fiscalización en tiempo real a través de un sistema integral con reglas y criterios de prorrateo establecidos en la ley, con un registro nacional de proveedores, con la causalidad de nulidad por rebasar los topes de campaña, “entre otros beneficios que nos dejó la reforma electoral de 2014 y durante ochos años se han implementado con éxito por parte de la autoridad electoral nacional, que es mejorable, porque naturalmente nos queda a deber este modelo”.