A nombre del Gobierno de México, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, agradeció la visita oficial de la relatora especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jimenez-Damary.
Destacó que a lo largo de 12 días le fueron presentados los avances que el Estado mexicano, en su conjunto, ha tenido para atender a las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno (DFI).
Se sostuvieron reuniones con más de 25 dependencias de la administración pública federal, con los poderes Legislativo y Judicial, representantes de cuatro entidades federativas (Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas y Guerrero), organizaciones de la sociedad civil, comunidades en situación de desplazamiento y organismos autónomos de derechos humanos.
El subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez subrayó que esta visita ha tenido un impacto positivo en el país, pues gracias a ella se abrió un espacio de diálogo donde se expusieron los principales avances, pero también se motivó la reflexión para identificar las necesidades y tareas que aún están pendientes.
La relatora especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de la ONU, Cecilia Jimenez-Damary, afirmó que el objetivo de su visita fue evaluar la situación de los derechos humanos de las personas en situación de DFI, debido a factores como la violencia, conflictos agrarios, proyectos de desarrollo y desastres.
“Esta visita me ha permitido constatar la complejidad de la situación, la cual requiere una atención integral, incluyendo la adopción de medidas de prevención, atención y protección a personas desplazadas con un enfoque de derechos humanos diferenciado e interseccional, y alcanzar condiciones para soluciones duraderas”, añadió la relatora.
“Mi análisis completo y recomendaciones para el gobierno se prepararán en los próximos meses y se presentará en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2023”, precisó.
El Gobierno de México se comprometió a atender y realizar un análisis, así como a su implementación en beneficio de las personas que enfrentan alguna situación de desplazamiento forzado.