Ante la creciente crisis en el desabasto y distribución del agua que se vive en diversas regiones de México, principalmente en las zonas centro y norte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los poderes legislativo y judicial, para trabajar en conjunto para eliminar la corrupción sistemática que prioriza el otorgamiento de concesiones desmedidas a empresas y entes privados que explotan y contaminan los recursos hídricos del país con el único fin de obtener beneficios económicos, no obstante que ello contraviene el derecho humano de la población al abasto del agua de forma suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible.
Para la CNDH resulta prioritario que el Estado mexicano deje de ver en el agua un producto mercantil más que puede ponerse a disposición de grandes capitales nacionales o internacionales con meros fines de lucro -como se hizo durante el llamado periodo neoliberal-, ya que dicha forma de concebir a los recursos hídricos prioriza su uso dentro del mercado y dificulta su correcta distribución de forma equitativa y suficiente, pese a tratarse de un recurso protegido por nuestra Constitución Política en su artículo 4º, el cual establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
La Constitución Política y los tratados internacionales de los que México forma parte establecen la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho al agua. Por ello, esta Comisión Nacional considera que se debe hacer un alto a la sobreexplotación de los recursos hídricos, permitida mediante concesiones otorgadas con fines de explotación industrial, principalmente en aquellos estados del país que históricamente enfrentan problemas de sequía y desabasto que ponen en riesgo la salud y el desarrollo de la población, y sobre todo, llama a que se activen los mecanismos necesarios para recuperar las fuentes hídricas que han sido contaminadas por las diversas industrias que hacen uso de ellas para sus actividades de producción, en los cuales deben estar involucradas autoridades, empresas y la sociedad en su conjunto.
Actualmente, el 61.4 por ciento de los recursos hídricos del país concesionados se encuentran acaparados por las industrias cerveceras, acereras, agropecuarias, mineras, papeleras, automotrices y embotelladoras, entre otras, según datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo que confirma la prioridad que se ha dado desde los diversos poderes del Estado a las grandes empresas, nacionales y extranjeras, para hacer uso de estos recursos sin considerar las afectaciones que han desatado en las diversas poblaciones del país, quienes no solo enfrentan la escasez del agua para uso cotidiano, sino la contaminación de ríos, lagos y lagunas que ponen en riesgo la salud pública y el pleno desarrollo y goce de diversos derechos humanos.
El Estado mexicano no debe omitir que se encuentra obligado a brindar a cada persona el acceso inmediato a la cantidad de agua para satisfacer sus necesidades más urgentes para sobrevivir, es decir, para beber y evitar riesgos inminentes a la salud. Asimismo, a garantizar a cada persona la cantidad de agua necesaria para mantener estándares dignos de vida y de protección de su salud, de modo que pueda gozar de la protección del resto de sus derechos.
Es por todo esto, que la CNDH plantea recordar que el derecho internacional en materia de derechos humanos obliga a los Estados a trabajar para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento para todas las personas sin discriminación, al tiempo que da prioridad a las más necesitadas. La obligación de proveer el acceso y saneamiento sostenible al agua se extiende más allá de los hogares, abarcando diferentes esferas de la vida, tales como escuelas, asilos, centros de trabajo, estaciones migratorias, centros de salud, centros de readaptación social, parques, edificios públicos y demás lugares en los que las personas pasan o podrían pasar mucho tiempo.