Al encabezar la firma de convenio con el estado de Sinaloa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, aseveró que es momento de dejar atrás el celo institucional y las discusiones de a quién le toca qué y cuál es la competencia de cada uno para poder entender que se requiere de una respuesta del Estado mexicano en su conjunto.
Destacó que se necesita cambiar la orientación para que el mecanismo de protección deje de ser un órgano reactivo para ser preventivo, y de lo que se trata –dijo– es de construir con esta coordinación entre los gobiernos federal y del estado de Sinaloa los instrumentos y capacidades para revertir la violencia y las amenazas contra este gremio.
El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de donde depende el mecanismo de protección, Enrique Irazoque Palazuelos, afirmó que los enemigos de esta agenda son visibles e identificables, “los factores que aquejan a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en cuanto a amenazas, riesgo y agresiones son, en principio, la delincuencia organizada que ve amenazadas sus acciones frente al periodismo y la defensa de los derechos humanos que se ejercen desde los territorios, defendiendo los recursos naturales, el medio ambiente y la lamentable impunidad que se ha sostenido durante décadas en las investigaciones. Y tenemos las autoridades municipales que lejos de atender las denuncias de las agresiones, son parte del problema”, sostuvo.
Señaló la urgencia de contar con una política nacional e integral que involucre a las entidades federativas y los municipios, ya que solo se cuenta con 17 leyes estatales y 11 mecanismos de protección estatales.
La firma de convenio con el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tuvo lugar en la capital del estado en presencia de personas representantes de medios de comunicación y defensoras de derechos humanos.
Estuvieron presentes la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna; el secretario general de Gobierno en Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado de Sinaloa, Elizabeth Chia Galaviz; y la fiscal general en dicha entidad, Sara Bruna Quiñonez Estrada, entre otros.