Las instituciones de la administración pública tienen particular importancia para el funcionamiento del Estado. Estas se encargan de implementar políticas públicas y acciones que logren el desarrollo de la sociedad.
El 20 de diciembre del 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 23 de junio como el Día de la Administración Pública. El objetivo es destacar la necesidad de iniciativas que fomenten el desarrollo de los recursos humanos, el fortalecimiento de la gestión financiera y el aprovechamiento de la información y de la tecnología.
A propósito de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta el panorama de los recursos humanos y financieros con los que cuenta la administración pública federal, estatal y municipal, la utilización de estos, así como los mecanismos para adquisición de bienes y servicios. La información que aquí se presenta proviene del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal (CNGSPSPE) 2011-2020, del Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2021, del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2011-2021 y del Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) 2017-2021.
Recursos humanos
En 2020, laboraron 5 045 550 personas en la administración pública (AP) federal, estatal y municipal. De este universo, 21.3 % trabajó en el ámbito municipal, 47.3 %, en el estatal y 31.4 %, en el federal. De 2010 a 2020 se registró un incremento sostenido del personal de la AP municipal. A nivel estatal y después de ocho años de aumento, en 2020 hubo una disminución de 7.2 % respecto a 2019. Las cifras del personal de la AP federal no presentaron cambios significativos desde 2016.
La participación de las mujeres en el mercado laboral del sector público es requisito indispensable para avanzar en la inclusión. En la administración pública federal se registra un nivel similar de participación laboral entre hombres y mujeres desde que se cuenta con el dato. A nivel estatal, las mujeres alcanzaron una participación mayoritaria desde 2014 y su presencia ha aumentado año con año. En contraste, a nivel municipal, por cada 100 servidores públicos que laboraron en 2020, 35 fueron mujeres. Sin embargo, para determinar el grado de incidencia en la definición de las decisiones y acciones públicas, se debe distinguir la posición que ocupan. La información de 2020 indica un rezago en la paridad en los puestos de toma de decisión, ya que solo 22.1 % de las personas titulares de las instituciones de la administración federal, 25.5 % de las estatales y 31.5 % de las municipales fueron mujeres.
En 2020, el presupuesto público que ejercieron los tres órdenes de gobierno ascendió a 5 746 520 millones de pesos. Por cada peso ejercido en las AP municipales, las AP estatales ejercieron 3.3 y la federal 6.3. Respecto a 2018, el presupuesto ejercido por las instituciones federales y los gobiernos municipales no presentó cambios en términos reales.
En 2020, una tercera parte del presupuesto que ejercieron las entidades federativas se destinó al rubro de gasto por concepto de sueldos y salarios del personal (Capítulo 1000), este representó una quinta parte del ejercido por la federación y 37.0 % del presupuesto ejercido en el ámbito municipal. En el rubro de transferencias (Capítulo 4000), la AP estatal y la federal fueron las que ejercieron mayor gasto, con 37.3 % y 45.6 % del presupuesto ejercido, respectivamente. Estas transferencias incluyen asignaciones directas o indirectas a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales.
El rubro de inversión pública (Capítulo 6000 —partida para obra pública e infraestructura como construcción de calles, carreteras, puentes, presas, inmuebles, entre otros—) fue el segundo capítulo de gasto más alto a nivel municipal, mientras que los gobiernos estatales y federal destinaron 4.9 % y 8.0 % a esta partida, respectivamente.
El artículo 134 constitucional establece que los recursos económicos de los cuales dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Para ello, los gobiernos disponen de diversos mecanismos de contratación para adquirir servicios, insumos, equipamiento, entre otros bienes, así como para otorgar contratos para realizar obra pública. Las mejores prácticas internacionales reconocen que las licitaciones públicas abiertas, con criterios previamente establecidos, contribuyen al buen uso del gasto y a contrarrestar el desvío de recursos.
En 2020, 80.0 % del total de las contrataciones estatales y 74.4 % de las realizadas por los gobiernos municipales fueron por adjudicación directa; mientras que 8.9 % y 4.1 % de los contratos se asignaron por el método de licitación pública nacional o internacional, respectivamente. El resto de los contratos se dieron por invitación restringida a cuando menos tres personas, o bien, por otro tipo de contratos en los que no se especificó la modalidad.