El diputado Abel Hernández Márquez impulsa un paquete de reformas a diversas leyes del Estado de Jalisco en materia de deudores alimentarios; la prioridad de estas adecuaciones es salvaguardar el interés superior del menor, aumentando las sanciones y limitaciones a los morosos, a fin de que cumplan con esta obligación.
Con esta propuesta, quienes se encuentren en el padrón de deudores morosos no podrán contraer matrimonio civil; se les limitará la adopción de menores, la expedición de licencias de manejo, la transmisión de bienes muebles e inmuebles, el otorgamiento de contratos públicos y de licencias de construcción.
Para quienes cotizan a Pensiones del Estado se plantea descontar de sus aportaciones el pago de la pensión alimenticia; también establece crear una multa para los que permanezcan más de 180 días como morosos en el registro de deudores; y obligar a que los superiores jerárquicos de empleados de la administración pública faciliten a los auxiliares jurídicos emplazar a juicio a los funcionarios públicos que se encuentren en el registro.
De igual manera, solicita que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos esté disponible para ser consultado por los entes de la administración pública y los privados que la requieran. Además, se enviará exhorto al Congreso de la Unión para que el SAT retenga, cuando se encuentren saldos a favor de estos deudores, los recursos necesarios para cubrir sus deudas alimentarias; y que el SAR le descuente hasta el 50 por ciento del monto que tenga para cubrir esta deuda.
Según estadísticas, el 75 por ciento de las jefas madres de familia en Jalisco no reciben ningún apoyo y llevan ellas solas la economía de su hogar; 750 mil hogares dependen de una mujer, 500 mil de ellas no reciben apoyo y programas sociales como el de “Mujeres Líderes del Hogar” solo aportan recursos a dos mil mujeres.
El diputado solicitó fortalecer el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado en la pasada legislatura, con la intención de establecer medidas de presión social, pero cuidando en todo momento, la no violación de los derechos humanos y la protección de los datos personales. Las reglamentaciones que pretende reformar son: los códigos Civil y Penal; las leyes del Registro Civil, de Hacienda Pública Municipal, del Notariado, de Movilidad y Transporte, del IPEJAL y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.