A fin de combatir la impunidad en las agresiones y violencia de la que son víctimas los periodistas en México, las senadoras Geovanna Bañuelos y Martha Márquez presentaron una iniciativa y un punto de acuerdo para garantizar y exigir la protección de este gremio y que los asesinatos no queden sin castigo.
Ante el Pleno del Senado de la República, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo detalló que su propuesta de reforma modifica el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que Ministerio Público de la Federación investigue y juzgue los casos que involucren delitos cometidos en contra de la libertad de expresión.
“El objetivo es brindar justicia y acabar con la impunidad, eliminando la posibilidad de dilación o corrupción en las investigaciones relacionadas con la indebida intervención de funcionarios públicos del ámbito estatal o municipal”
Geovanna Bañuelos destacó que dadas las circunstancias actuales que enfrentan los periodistas en el país para el desarrollo de su trabajo, es fundamental que las autoridades de todos los órdenes de gobierno intensifiquen las acciones tendientes a protegerlos, así como a las personas defensoras de derechos humanos.
Por ello, la propuesta incluye en la facultad de atracción del Ministerio Público de la Federación los delitos cometidos en contra de personas defensoras de los Derechos Humanos en todo el territorio nacional, ya que estas son un grupo con condiciones de vulnerabilidad que requiere de atención ante el elevado riesgo de ser víctimas del delito.
Además, la reforma considera la posibilidad de que el Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los Órganos jurisdiccionales federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos cuando así lo solicite la autoridad competente de la Entidad federativa de que se trate.
En el punto de acuerdo, las legisladoras se solidarizaron con el gremio periodista y sus familias, principalmente con aquellos que han sido amenazados, violentados, o asesinados; y exigieron a la Secretaría de Gobernación a otorgar garantías de no repetición y la reparación integral del daño.