El mandatario estatal, en compañía de Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno y Adolfo Salazar Razo, secretario de la Consejería Jurídica, presentó un paquete de trece modificaciones legales.
En materia administrativa y fortalecimiento de la rendición de cuentas, el gobernador propuso que las titularidades del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) deberán tener una vigencia de seis años para evitar el encubrimiento e impunidad en actos de corrupción de administraciones salientes.
El Congreso del Estado será el encargado de la elección del titular del ISAF, así como de los Órganos Internos de Control (OICs) de organismos autónomos, quitando esta facultad a los titulares de las mismas dependencias.
Otra propuesta consiste en que el Congreso del Estado, junto al Ejecutivo, definirán directamente la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, actualmente en manos del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
De igual forma, presentó el andamiaje jurídico para la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado de Sonora, modificaciones al Código Penal del Estado para incrementar los tiempos de prescripción de delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y otros; y propone facultar a la Secretaría de la Contraloría para la suspensión de contratos y obras donde se detecten posibles daños patrimoniales.
Durazo Montaño destacó que para vigilar también el correcto desempeño de la función pública se derogará la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado para dar lugar a la Ley de Responsabilidades y Sanciones, que incrementa la temporalidad en la prescripción de delitos cometidos por servidores públicos, a la par que aumenta las sanciones por nepotismo, enriquecimiento ilícito y omisión de cuotas al Isssteson, mismas que serán faltas graves; mientras que estipula sanciones o bajas para quienes no presenten sus declaraciones patrimoniales.
Comentó que esta legislación se verá complementada, a su vez, con la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establecerá las bases para que los salarios de los integrantes del gobierno estatal no rebasen los ingresos que perciba el titular del Ejecutivo.
También manifestó la necesidad de atender el rezago histórico en materia de transporte mediante la fusión de la Dirección General del Transporte y el Fondo para la Modernización del Transporte en una sola entidad: el Instituto de Movilidad y Transporte.
Planteó la desaparición de la Secretaría Técnica para dar paso a una Oficialía Mayor que, junto a la Contraloría, creará estrategias de optimización del gasto y el uso de recursos. Por último, presentó la propuesta de una Ley para el Desarrollo Sostenible, que dará al Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso) la misión de promover el equilibrio económico y el desarrollo sostenible mediante la coordinación interinstitucional con los diversos organismos de la administración pública estatal.