Reconocida como efeméride oficial, pero poco recordada por su resultado que significó la pérdida de la mitad del territorio mexicano, el Tratado Guadalupe Hidalgo ocurrió el 2 de febrero de 1848 para terminar la guerra entre México y Estados Unidos, la cual tenía exhausto a nuestro país, afirma el investigador del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la UNAM, Alfredo Ávila Rueda.
A 174 años del suceso, el doctor en Historia recuerda que fue el acuerdo de paz después de la guerra que enfrentó nuestro país con la invasión estadounidense: primero en los territorios del noreste de México (entonces norte de Tamaulipas, Nuevo México, California y Nuevo León) y luego la invasión y el bloqueo de los principales puertos mexicanos, hasta la irrupción del ejército estadounidense por Veracruz a la Ciudad de México y la salida del gobierno mexicano de la capital rumbo a Querétaro.
El Tratado, ratificado el 30 de mayo de 1848, estableció que México cedería la mitad de su territorio: la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma.
Para Ávila Rueda, el acuerdo marcó al gobierno mexicano con divisiones. Quien terminó cargando con la responsabilidad fue el Congreso, la Cámara de Diputados. En ese momento nuestro país era una república federal (después de haber sido centralista) y consiguió promover la firma y el reconocimiento del tratado.
Fue ratificado por los congresos, el de México, que estaba en Querétaro, y el Senado de Estados Unidos. “El tratado no dependió tanto de la presidencia de la República. Entonces regresó Antonio López de Santa Anna, quien había estado exiliado y volvió al país para hacerse cargo de la guerra, junto con Valentín Gómez Farías como vicepresidente. Para el 15 de septiembre de aquel año, sin previo aviso, Santa Anna se retiró de la capital y renunció a la presidencia.
El Congreso, continúa el especialista, decidió nombrar a Manuel de la Peña y Peña como presidente sustituto, pero fue por un periodo breve hasta que Pedro María Anaya asume el cargo en Querétaro.
La negociación también establecía el pago de una cantidad por indemnización del territorio perdido. Fueron seis millones de dólares, tres millones que se pagaron de inmediato y el resto se liquidó en pagos anuales, con un interés. Además, Estados Unidos pagó cinco millones de dólares más a ciudadanos estadounidenses que tenían reclamaciones contra el gobierno mexicano.
Ávila Rueda destaca el Artículo 11 del Tratado, al cual se le pone poca atención. Es vergonzoso para México porque a partir de ese precepto se obligó al gobierno de Estados Unidos a que controlara a las tribus indígenas que cruzaban de un lado a otro la frontera, hacían pillaje en México y se iban a Estados Unidos; también que controlaran a los bandidos.
México renunció a ejercer su soberanía en la frontera, dejándola en manos de los estadounidenses. El resultado es que los norteamericanos le pusieron mayor atención a zonas demasiado pobladas como Texas, e hicieron poco caso a Nuevo México, con poca población. Además, la gente del norte del país no podía exigirle al gobierno mexicano que persiguiera a los delincuentes.