En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el Foro 8 “El procedimiento de discusión y aprobación de la reforma energética del 2013”, del Parlamento Abierto para el análisis de la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el titular del Ejecutivo Federal.
A favor de la propuesta, Carlos Meza Viveros, catedrático en materia de amparo y derecho constitucional, afirmó que la reforma propuesta por el Ejecutivo traerá como consecuencia grandes y reales cambios en el sector energético, a la economía del país y a los usuarios que son los receptores de un servicio vital como el suministro de energía eléctrica.
Al hablar en contra, Ramsés Pech Razo, analista y asesor de la industria energética, afirmó que antes de la reforma energética de 2013, la inversión extranjera directa solo correspondía al tres por ciento; hoy, al tercer trimestre, según datos de la Secretaría de Economía, es del 20 por ciento del total de la inversión extranjera directa.
Al hablar en pro, José Romualdo Hernández, especialista en derecho energético de la Unidad de Estudios de Posgrado de la UNAM, indicó que la iniciativa es la más trascendente de esta administración. Agregó que la ignominia en materia energética comenzó con la firma del Pacto por México que fue una suplantación del Legislativo que dio una agenda de 16 reformas constitucionales, con una inusitada celeridad, sin debate técnico ni de contenidos que hoy sí se está dando.
Al hablar en contra, Severo López Mestre, experto en políticas y regulación energética, indicó que la reforma eléctrica que se está planteando señala que la Comisión Federal de Electricidad ya no sería empresa productiva del Estado y que se va a integrar verticalmente. Precisó que, si deja de ser empresa productiva del Estado, “pierde los controles corporativos y la transparencia”. Señaló que no hay una sola empresa en el mundo que establezca sus propias tarifas.
Posteriormente, se dio lectura a diversas preguntas a los ponentes respecto a la reforma de 2013, sobre transición energética, corrupción, abasto energético, transparencia, escenario de la iniciativa del Ejecutivo y costos.
Carlos Meza Viveros afirmó que con la reforma de 2013 no se cumplió ningún objetivo y puntualizó que es indispensable que se recupere lo que “nos han despojado las empresas beneficiadas que de alguna manera tienen contratos privilegiados, ya que la CFE soporta estas pérdidas elevadas”. Indicó que la intención de la reforma constitucional es ajustar las leyes secundarias a las necesidades que tienen las y los mexicanos para tener un servicio de calidad.
José Romualdo Hernández enfatizó que la reforma de 2013 “fue demasiado entreguista”. Precisó que, en su propuesta de iniciativa, el Presidente “es muy cuidadoso de mantener un principio fundamental que es la economía mixta, la participación del sector privado va a seguir presente en el sector de la industria eléctrica”.
Severo López Mestre dijo que se habla de que los contratos de autoabasto son el gran problema de la reforma de 2013, y puntualizó que éstos no tienen nada que ver. Enfatizó que se tiene que “repensar qué problema se está resolviendo y qué tenemos que poner en la mesa, en la Constitución y no atorarnos en el 2013”. Sostuvo que con la propuesta del Ejecutivo todo suena a que se está politizando a la CFE y “politizar a las empresas es muy peligroso”.
Ramsés Pech Razo comentó que el problema de la tarifa doméstica no está en la generación, está en la distribución. En los transformadores y líneas se paga 46 por ciento. Se tiene que discutir cómo se va a planear y actualizar la transmisión y distribución, si se tiene una población de más de un millón de personas y en el 2050 seremos más de 150 millones. ¿Cómo vamos a bajar la electricidad? ¿Bajando los costos de la distribución que es el problema que le compete a la Comisión? Se tiene que mejorar lo que ya está y darle mayor presupuesto.