En 2003, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 9 de diciembre como el Día internacional contra la corrupción con el propósito de crear conciencia sobre los efectos negativos que tiene para el desarrollo de los países, al tiempo que atenta contra el Estado de Derecho debilitando los pilares que dan estabilidad y seguridad a las sociedades.
El INEGI genera información para medir y caracterizar la victimización por actos de corrupción cometidos por servidores públicos a personas y empresas, a quienes se les pide dinero, regalos, favores, o cualquier otro beneficio para agilizar algún trámite o servicio.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), 54.6% de las personas de 15 años y más reconoció a la corrupción como uno de los tres problemas más importante que enfrentó el país en 2020. No obstante, hay diferencias entre la percepción, que incluye las creencias de que la corrupción existe y las experiencias directas de dichos actos.
Por ejemplo, 62.1% de la población mayor de 18 años creía o había escuchado que existía corrupción en los trámites públicos que realizó en 2019; sin embargo, la proporción de personas que efectivamente resultaron víctimas fue de 15.7% de quienes tuvieron contacto con algún servidor o servidora pública.
De 2013 a 2020 se observa un aumento sostenido de la prevalencia de corrupción que vivieron las personas. En el caso de las empresas víctimas de corrupción, el nivel se ha mantenido respecto a 2016.
En las entidades de Durango, Ciudad de México, México y Quintana Roo la probabilidad de que las personas sean víctimas de corrupción fue casi tres veces superior a la probabilidad de ser víctima en Tamaulipas, Baja California Sur, Colima o Zacatecas. Entre 2017 y 2019, Durango, Quintana Roo, Guanajuato y Puebla fueron las entidades donde se observaron los mayores aumentos en el porcentaje de personas víctimas de corrupción, en tanto que en Querétaro, Chihuahua y Tabasco los niveles de corrupción presentaron mayor disminución.
Las experiencias de corrupción de las personas y las empresas fueron más frecuentes cuando se tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública o de justicia, ya sea para denunciar la ocurrencia de un delito, faltas a la moral o administrativas, por infracciones o detenciones por riñas. 59 de cada 100 personas adultas que tuvieron contacto con estos servidores públicos en 2019 fueron víctima de la corrupción mientras que, en las empresas, la victimización fue de 35 de cada 100 unidades económicas en 2020.
En cuanto a los costos, en 2019 la población en México pagó por causa de la corrupción 12 769.7 millones de pesos, 64.1% más que en 2017. En términos per cápita, cada persona víctima de corrupción erogó 3 822 pesos en promedio (1 372 pesos más por persona afectada respecto a lo estimado en 2017). Por el contrario, entre 2016 y 2020 se observó una disminución de casi 50% en el monto promedio que las empresas erogaron por actos de corrupción.
Entre los instrumentos disponibles en México para prevenir la corrupción están los Órganos Internos de Control (OIC), que al amparo de la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben establecerse en las instituciones públicas del orden federal, estatal y municipal con el fin de prevenir, corregir e investigar actos que pudieran derivar en responsabilidades administrativas, así como dar seguimiento al ingreso, egreso, manejo y aplicación de los recursos públicos.
Para cumplir con sus funciones, en 2019 los OIC de las instituciones federales y estatales contaron con 10 819 servidores públicos: 49.7% del ámbito federal y 50.3% del estatal. Entre las administraciones públicas estatales destacan Nuevo León, Michoacán, Chihuahua, Ciudad de México y Tlaxcala por tener menos de una persona adscrita al OIC por cada 1 000 servidoras y servidores públicos.
La información proviene del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, del Censo Nacional de Gobiernos Estatales, del Censo Nacional de Gobierno Federal, de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE).