El Instituto Nacional Electoral no puede alegar falta de recursos para incumplir con sus obligaciones constitucionales y menos cambiar las fechas que la Ley señala para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, porque incurre en una falta grave al usurpar funciones del Poder Legislativo.
Así lo afirmó el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien dijo en entrevista que es necesario superar este “callejón sin salida”, dialogar y buscar soluciones jurídicas, económicas y políticas para realizar la consulta, pues “tampoco conviene asumir posiciones fatales”.
Ricardo Monreal insistió en que el INE se extralimitó en sus facultades y violó el principio de legalidad, porque no hay un solo artículo de la Ley que les permita aplazar este ejercicio de participación ciudadana y ahora “están en un camino sin retorno”, por lo que tenemos que buscar soluciones.
El Instituto, aseguró el senador, tiene recursos de sobra, puede reducir su presupuesto y generar ahorros con la disminución de salarios, la eliminación de viajes al extranjero y al interior de la República, evitar los excesos y la contratación de demasiados asesores.
Medidas que, al presidente del INE, Lorenzo Córdova, le parecen insustanciales e insuficientes, “pero por algo deben de empezar” para los efectos prácticos de cumplir con su obligación constitucional, aseveró Monreal Ávila.
Además, el legislador consideró demasiado arriesgada y cerrada la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para no dialogar, antes de aplazar el ejercicio, con el Ejecutivo Federal, con el Secretario de Gobernación o el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Pues entre sus atribuciones, asentó, no está suspender o cancelar la consulta, por lo que los consejeros electorales se extralimitaron en sus funciones y violaron el principio de legalidad.
Pero hay que buscar el diálogo e intentar conciliar para que uno y otro cedan, porque “estoy seguro de que el Instituto sí tiene recursos y personal de sobra”, dado que no hay elecciones y los consejeros pueden ahorrar con la eliminación de sus excesos, prebendas y privilegios, para que este dinero pueda utilizarse en la organización de la consulta.
Además, dijo, se requiere “hacer un esfuerzo” en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no con cambios al presupuesto “porque eso no se puede hacer, dado que es un acto consumado, un ejercicio de plena autonomía de la Cámara de Diputados, y tampoco se podría convocar a un Periodo Extraordinario sólo para ese propósito. No lo contempla la ley y no hay forma de que se altere el presupuesto como se aprobó”.
Pero, acotó Monreal Ávila, sí hay forma de encontrar soluciones prácticas, económicas, políticas y jurídicas que puedan garantizar la realización de este ejercicio de manera comedida, respetuosa, austera, en donde participen ciudadanos y personal del INE.
“Si ya cometieron el error estos seis consejeros, de aprobar una cosa que no les compete legalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede enmendar ese error legislativo, ese error constitucional y ese error de invasión de poderes”.
Mediante el recurso de apelación, explicó, el TEPJF puede corregirle la plana al Instituto Nacional Electoral, para que continúe el ejercicio en unos días.
Y si no es posible a través de este órgano autónomo, agregó el senador, entonces se podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, aunque están de vacaciones la mayoría de sus integrantes, tiene siempre una guardia de dos ministras que pueden atender la controversia constitucional que se plantee.
“Estoy seguro de que hay solución”, y de que hay salidas jurídicas, pero también hay que buscar salidas políticas, pues “tampoco conviene asumir posiciones fatales y desencuentros totales”, por lo que hay que dialogar para poder llevar a cabo este ejercicio inédito de democracia directa en México.
Al INE, reiteró Ricardo Monreal, no le asiste la razón, el derecho ni la autoridad, pues no está entre sus facultades posponer el ejercicio ni invadir la esfera de atribuciones del Poder Legislativo, que fue quien decidió la fecha, el procedimiento y los mecanismos de esta nueva institución denominada revocación de mandato.