Reforma eléctrica modificaría artículos 25, 27 y 28 constitucional

Al encabezar la presentación de un informe sobre el contenido de la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que los objetivos principales son garantizar a las familias precios justos por el servicio de uso doméstico de la electricidad y proteger bienes de la nación, como el litio, que es considerado un mineral estratégico para el desarrollo.

“Que todos los mexicanos sepan por qué nos conviene la reforma constitucional, por qué le conviene al pueblo. Hay quienes no quieren porque a ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente”, expresó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario recordó que en el periodo neoliberal se intentó debilitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa sin fines de lucro, para favorecer a particulares.

Afirmó que el país no está cerrado a la inversión extranjera, sin embargo, quedará estipulado en la ley que todo negocio deberá llevarse a cabo con ganancias razonables.

El jefe del Ejecutivo dijo a las y los legisladores que, a diferencia de los tiempos anteriores, esta reforma no estará sujeta a negociaciones y tampoco habrá anonimato en las votaciones.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, precisó que la reforma eléctrica consiste en la modificación de los artículos 25, 27 y 28 constitucional.

Se propone en el artículo 25 que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 —correos, telégrafos, radiotelegrafías, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, generación de energía nuclear, electricidad y la exploración y extracción del petróleo—; no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva.

En los artículos transitorios se establece que la CFE es un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la electricidad en el sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control. Será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad.

Trabajarán en interconexión sus empresas: Generación, Distribución, Transmisión, Comercialización, Procura, entre otros.

Para apoyar su productividad y rentabilidad, existirán como subsidiarias sus filiales CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital.

La reforma eliminará los contratos legados porque impactaban severamente en las finanzas de la empresa. También se cambiará el despacho de la electricidad: primero serán las hidroeléctricas porque constituyen la energía más limpia, constante y barata; en segundo lugar, la energía nuclear, seguido de la geotermia, las energías eólica y solar, el gas y el carbón.

El artículo 27 constitucional, en materia de transición energética, señala que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines.

El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. Establecerá políticas públicas científicas, tecnológicas e industriales, el impulso de financiamiento y la planeación energética sustentable.

La secretaria sostuvo que la energía eléctrica en el país es un asunto de seguridad nacional y un derecho humano. En cuanto a la protección del litio, indicó que los artículos 25 y 28 constitucionales estipulan la nación sobre este mineral estratégico.

 

 

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