El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que atendiendo la instrucción presidencial ayer fue presentada a la Cámara de Diputados, la iniciativa de decreto que busca garantizar la seguridad energética del país y que todas y todos los mexicanos puedan tener acceso a una tarifa eléctrica justa.
Durante la conferencia matutina encabezada este viernes en el estado de Morelos, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Gobernación resaltó que se plantea que ya no exista sujeción como hasta hoy a que los intereses privados sean los que fijen las tarifas, los que despachen la energía y los que utilicen sin ningún costo para ellos toda la red eléctrica nacional, que fue construida durante muchos años por el Estado mexicano y que debía ser administrada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Sin embargo -continuó- la mal llamada Reforma Energética la quitó esa facultad a la Comisión Federal de Electricidad, que a partir de ahora pues recupera esa función y será nuevamente la encargada de administrar la red de transmisión eléctrica”.
Dicha iniciativa plantea modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de nueve transitorios. Entre los puntos a destacar, están desaparecer la figura que hasta hoy tenía la CFE para ser un organismo con personalidad jurídica propia, un organismo del Estado; desaparecer las filiales o subsidiarias anteriores de la Comisión Federal de Electricidad y queda un solo organismo que será el encargado de la generación, distribución y administración de la energía eléctrica que se produce.
Bajo este contexto, se garantiza que, cuando menos la CFE será encargada de producir y despachar 56 por ciento de la energía que se genera en el país, pudiendo el sector privado participar hasta en un 46 por ciento.
Asimismo, desaparecen contratos conocidos como de autoabastecimiento, y también organismos que habían sido creados para acotar las funciones de la CFE y beneficiar a productores privados. Aunado a lo anterior, minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio, no serán concesionados, será el Estado el que intervendrá en la exploración y en la producción.
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