El Gobierno de México, con el apoyo de la sociedad, debe acelerar el paso de la transformación del sistema agroalimentario del país para hacerlo más justo, saludable y sustentable, afirmó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera.
Al encabezar la conferencia 30 del ciclo Autosuficiencia Alimentaria, que se celebró en la Secretaría de Agricultura con el tema: “El derecho fundamental a una alimentación suficiente, saludable y culturalmente pertinente”, el funcionario destacó los pasos que ha dado el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), al impulsar el etiquetado frontal en alimentos y el Decreto presidencial del 30 de diciembre de 2020, que prohíbe gradualmente el uso del glifosato.
Sin embargo, dijo, la sociedad debe empujar más fuerte y “debemos avanzar en la eliminación de plaguicidas altamente peligrosos por la vía de la ley”.
La representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Lina Pohl, celebró que México esté impulsando una ley que regule el derecho a la alimentación, pues la mejora de políticas y de legislación son claves para impulsar una alimentación saludable en las poblaciones del mundo.
Dijo que también, a escala mundial, la FAO propone fomentar la demanda de los consumidores de alimentos nutritivos, la producción de alimentos de manera sostenible, el impulso a la innovación, generación de datos e información confiable, entre otras acciones.
Consideró que, tras los efectos de la COVID-19, la acción transformadora de los sistemas alimentarios puede desempeñar un papel esencial para impulsar la recuperación global, de tal forma que el mundo se comprometa a cumplir la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que implica el Hambre Cero.
Señaló que hoy el 59.1 por ciento de los hogares en México se encuentra en algún grado de inseguridad alimentaria, de ellos 20.6 por ciento con inseguridad moderada, y la mayoría están en zonas rurales.
El coordinador de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Salvador Fernández Rivera, destacó el grado de inseguridad alimentaria que hay en el país.
Dijo que de los 35.5 millones de hogares en México, 10 por ciento produce la mayor parte del alimento que consumen, y en el 90 por ciento se compra todo o la mayor parte. Agregó: datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalaron al tercer trimestre de este año que 35.5 por ciento de la población urbana y 47.9 por ciento de la rural tienen ingresos laborales inferiores al costo de la canasta básica alimentaria, o sea que viven en pobreza alimentaria.
El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud (Cenaprece), Ruy López Ridaura, señaló que el 73 por ciento de los fallecimientos en 2020 en México por causa de la COVID-19 implicaron al menos una comorbilidad (diabetes, hipertensión, obesidad y/o enfermedad cardiovascular), y ello está estrechamente relacionado con el sobrepeso y la obesidad.
El panorama es complejo, dijo, pues tan sólo una cuarta parte de la población adulta registra un peso saludable. El 75.2 por ciento de las personas de 20 o más años sufre sobrepeso u obesidad.
Destacó que el Gobierno de México está tomando medidas para enfrentar la situación, y lo hace apoyado por el GISAMAC, en el cual participan secretarías de Estado, pero también sociedad civil e instituciones de salud. Tales medidas buscan una transformación del sistema agroalimentario, y entre ellas está el etiquetado frontal de advertencia de altos contenidos de azúcares, sodio y calorías. También, afirmó, el sector salud trabaja en la transformación del modelo de atención primaria de la salud.
El director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Juan Rivera Dommarco, hizo un exhorto a crear un acuerdo latinoamericano de defensa de una alimentación saludable de los niños.
Este pacto debería impulsar el consumo de agua simple, frutas, verduras, legumbres y por supuesto evitar la chatarra y productos ultraprocesados, y debería fortalecer las restricciones a la publicidad, pues “los niños no tienen la culpa de lo que están comiendo”.
De 2012 a 2018 la prevalencia de obesidad en niños de cinco a 11 años de edad subió en hombres y mujeres, en promedio, de 34.5 a 35.5 por ciento. En el grupo de adolescentes de 12 a 19 años, esta prevalencia se elevó más agudamente, de 27.9 a 38.35 por ciento, dijo.
La representante de la Coalición ContraPESO, Doré Castillo García, resaltó el trabajo de la sociedad civil, coordinado dentro del GISAMAC, para impulsar acciones que frenen la epidemia de sobrepeso y obesidad.
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, destacó la campaña que esta instancia desarrolla con el nombre “La transformación empieza por tu mesa”, la cual busca propiciar que la población elija alimentos saludables, de temporada y locales. Si uno consume así, “se garantiza la salud”.
La coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México, senadora Ana Lilia Rivera, y la diputada Aleida Alavez, miembro de ese Frente, intervinieron en la conferencia con mensajes grabados, donde informaron de la presentación en el Senado de la Iniciativa de Ley reglamentaria del derecho a la alimentación (derecho que fue incorporado en el artículo 4º de la Constitución el 13 de octubre de 2011), la cual busca abrir camino a una política de Estado que transforme el sistema alimentario formalmente y desde un enfoque de derechos humanos.
Por su parte los investigadores y escritores Martha Elena García y Guillermo Bermúdez, autores del recién editado libro: “Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia: Nutriendo conflictos de interés en México”, señalaron que los conflictos de interés predominantes en sexenios neoliberales entre la industria alimentaria y el poder político, impidieron que prosperara un paquete de medidas impulsadas por la sociedad civil para regular la venta de comestibles y bebidas ultraprocesados, acotar el ambiente obesogénico, y más bien se propiciaron herramientas para favorecer los intereses de las corporaciones.
Gracias a los lazos financieros entre el poder político y los corporativos alimentarios, “se permitió que la industria se autorregulara, se impusiera un etiquetado incomprensible, se generara un código de publicidad infantil descaradamente laxo, y se tejieran bochornosos conflictos de interés en el Observatorio Mexicano de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (OMENT), que tenía como fin evaluar la estrategia de combate a la obesidad y en el que la industria era juez y parte. Incluso, el sistema de indicadores usado para la evaluación fue financiado por seis empresas privadas, afirmaron.