Carecer de vivienda resta años de vida, en México se calcula que para los niños en situación de calle la esperanza de vida es de 25 años; es decir, 50 años menos que el promedio del resto de la población. De acuerdo con el Censo 2020, hay más de ocho millones 669 mil viviendas deshabitadas y de uso temporal; es decir, aproximadamente 19 por ciento del total en el país, comentó la secretaria técnica de Proyectos del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM, Mariana Sánchez Vieyra.
Al participar en el panel de expertos “El reto de la vivienda en la nueva normalidad”, organizado por esa entidad académica, en ocasión de la 4ª. Semana Nacional de las Ciencias Sociales y el Día Mundial de Hábitat, señaló:
Contar con una vivienda adecuada es un derecho humano y un factor central para la calidad de vida de las personas; sin embargo, grandes sectores de la población urbana mexicana carecen de ella.
En su artículo 25 la Declaración Universal de los Derechos Humanos la considera fundamental y a la par de la alimentación, el vestido y la asistencia médica. Además, es una garantía que reconoce la Constitución en su artículo 4º. Sin embargo, numerosas familias e individuos no tienen acceso a un inmueble apropiado o comparten el techo con otras personas; al mismo tiempo, hay una cantidad importante deshabitados.
La casa se convirtió en una defensa contra la COVID-19 por la estrategia de permanecer en ella, pero en México no todas las personas cuentan con un hogar, ya que hay quienes se encuentran en situación de calle. Además, debido a la emergencia sanitaria una cantidad importante de mexicanos perdieron su empleo y tuvieron que desalojar sus casas. En otros casos, por el hacinamiento o la carencia de servicios básicos como agua potable, no se pueden tener normas mínimas de distanciamiento social o el lavado de manos, recordó.
Grandes urbes, grandes problemas
Marina Contreras Saldaña, del Posgrado en Urbanismo de la UNAM, al hablar del panorama en Ciudad Juárez, dijo que en esta metrópoli hay una importante aplicación de la política habitacional de interés social, promovida después del año 2000. De 2001 a 2010 se construyeron 150 mil viviendas nuevas para los trabajadores formales que llegaron por las corrientes migratorias y en 10 años se construyó 30 por ciento del parque habitacional actual.
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