El gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla señaló que la administración de Silvano Aureoles persiste en su propósito de vender bienes del patrimonio estatal, por lo que reiteró que su gobierno procederá legalmente para sancionar contratos de compra- venta que se hayan hecho al margen de la legalidad.
Ramírez Bedolla refirió que continúa la presión sobre diputadas y diputados para que aprueben la desincorporación de seis inmuebles del patrimonio estatal antes de que inicie la siguiente Legislatura, el próximo 15 de septiembre.
Los bienes que pretenden privatizar tienen un valor estimado de 426 millones de pesos; sin embargo, corremos el riesgo de que, a menos de dos meses de que concluya el periodo de gobierno de Silvano Aureoles, sean rematados a precios por debajo de su valor real, advirtió el gobernador electo.
Ramírez Bedolla señaló que no se debe descartar que ya existan acuerdos con posibles compradores, o que incluso ya se hayan pactado las compraventas, de ahí la urgencia de que el Congreso del Estado autorice la privatización de bienes públicos.
El Congreso del Estado no puede avalar ventas ilegales de bienes públicos; al contrario, debe actuar con responsabilidad y frenar el saqueo del patrimonio de las y los michoacanos, recalcó Alfredo Ramírez.