La bancada panista en el Senado propuso un exhorto para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva a la brevedad la controversia constitucional 50/2021 presentada por la interpretación de la fracción V del artículo 111 Constitucional y los efectos pretendidos de la declaración de procedencia contra gobernadores de las entidades federativas, así como la 70/2021 en contra de posibles actos judiciales consecuencia de esta declaración.
Mediante un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, las senadoras y los senadores del PAN afirmaron que la ante los intentos de invadir el ámbito de competencia local y violar derechos de servidores públicos, es necesario que se resuelva este tema lo antes posible.
Recordaron que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión erigida en Jurado de Procedencia, así como la Fiscalía General de la República, han pretendido recientemente invadir competencias de los Congresos Locales y vulnerar los derechos de los servidores públicos.
En ese sentido, manifestaron que el proceso de declaración de procedencia contra el gobernador del estado de Tamaulipas y la interpretación de sus consecuencias por parte de la Federación pueden sentar un precedente perverso para iniciar acción penal de manera indebida contra mandatarios de cualquier estado de la República.
Subrayaron que la Primera Sala de la SCJN determinó que debía admitirse a trámite la primera controversia presentada por el Congreso Local desde el 29 de abril, reconociendo los posibles efectos de la declaración de procedencia y el genuino conflicto interpretativo sobre el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución, lo que tendrá que ser resuelto por el Pleno de la SCJN.
La SCJN debe resolver sin mayor demora estas controversias respecto de uno de los temas fundamentales y base de nuestro federalismo y reiterar el respeto a las atribuciones constitucionales de los Poderes Legislativos locales, indicaron.
La resolución inmediata al respecto en el máximo tribunal es fundamental para que los servidores públicos puedan continuar en el desempeño de sus encargos con la debida libertad y sin presiones políticas de ningún tipo y, sobre todo, mantener en vigencia y respeto de nuestro pacto federal.