La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), refirió la importancia de analizar los retos que el control de la convencionalidad presenta en México de cara a la independencia judicial.
En la nueva realidad, el ejercicio de este mecanismo debe realizarse por todos los órganos del Estado, hay una obligación tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, debido a que el Estado es garante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que concurre por medio de una voluntad política y jurídica que constituye la mejor prenda de la eficacia verdadera del régimen internacional de protección de los derechos humanos, agregó.
Consideró fundamental que las determinaciones del Poder Legislativo tendrán que sustentarse conforme a las reglas de convencionalidad y en el ejercicio de la función parlamentaria con perspectiva de derechos humanos, porque el deber de respetarlos incumbe a todos los que actúen a nombre del Estado, en especial si proceden de órganos estatales.
Destacó que las normas sobre derechos humanos constituyen un límite para la función legislativa, ya que es la o el legislador quien determina, en el ámbito interno del Estado, la compatibilidad de sus normas con la Convención Americana y con la coordinación jurídica interamericana.
La función legislativa, en ese sentido, se enmarca en un deber general de garantía, porque la protección de los derechos humanos requiere actos estatales encaminados a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de las personas.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), sostuvo que el tema de la independencia del Poder Judicial e instituciones del Estado de derecho, que pensamos superado y estaban sobre un piso de mármol, más bien “vemos que eran instituciones sobre arena, aunque nos pese muchísimo reconocerlo”.
Subrayó que el respeto a los derechos humanos, a los tratados internacionales y a las discusiones que creíamos superadas, retroceden, por lo que se necesita congruencia y valentía para aclarar el panorama que tenemos, si queremos que América Latina no caiga en retrocesos y siga brillando el faro de las resoluciones jurisdiccionales y seguimiento al Estado de derecho a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.