El diputado Alfonso Ramírez Cuellar (Morena), quien preside el Grupo, explicó que el objetivo es que los ponentes ayuden a diseñar estrategias de prevención del delito, así como su focalización por zonas y regiones, la integración de fondos, y de atención a víctimas de violencia. “A pesar de los compromisos institucionales no hemos podido honrar la palabra del Estado para atender este problema”.
Pidió a los expertos contribuir en la elaboración del documento final que haga más flexible la estrategia ante esta epidemia de inseguridad y crímenes que no se detienen y de la cual “aún no encontramos vacuna”.
Puntualizó que, de acuerdo al análisis y datos del INEGI, la relación entre la tasa de homicidios en cada entidad y el gasto estatal per cápita no refleja una reducción entre ambas variables. “No hay una relación entre el gasto de seguridad federal o estatal y los niveles de victimización”.
El director general de Lantia Intelligence, Eduardo Guerrero Gutiérrez, consideró que el gran motor de la violencia en México es el crimen organizado, dos terceras partes de los homicidios que se registran tienen que ver con este fenómeno; es decir, de cada tres mil homicidios al mes dos mil tienen vínculo con el crimen.
Arturo Piñeiro Monreal, de IMCO, indicó que no existe “la bala de plata” para el tema de la inseguridad, además de que no puede hablarse de éste sin incluir la procuración e impartición de justicia, lo que está estrechamente ligado a la calidad de vida de las personas. “En México el Gobierno Federal y algunas entidades han querido atender la prevención, pero no han logrado resultados”.
Señaló que con la eliminación del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) ya no existirá la profesionalización, capacitación, inversión e infraestructura en corporaciones policiales estatales y municipales.
El investigador del programa de Derechos Humanos de Fundar, Ángel Ruiz, solicitó canalizar recursos para el rubro de atención a víctimas. “Si observamos el comportamiento del gasto del extinto fideicomiso del FAARI, podemos ver que más o menos tendríamos que destinar 863 millones de pesos anuales para ayuda, atención, asistencia y reparación integral”.