Las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural informaron que no existen elementos de abasto o presiones inflacionarias en los eslabones de la cadena productiva que justifiquen incremento alguno en el precio de la tortilla, por lo que las recientes expresiones de empresas o personas sobre supuestos aumentos podrían constituir violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley Federal de Competencia Económica.
En reunión virtual, la secretaria Graciela Márquez Colín y el secretario Víctor Villalobos Arámbula coincidieron en llevar acciones conjuntas en la evaluación de las cosechas de maíz, costos de producción y procesos industriales para determinar, en consenso, un precio de la tortilla asequible y que refleje las condiciones de competencia del mercado.
Éstas declaraciones realizadas por las dependencias del Gobierno de México derivaron de un monitoreo permanente en la estructura de costos de todos los participantes en la cadena productiva del maíz, mismo en el que se analizaron los costos de servicios requeridos para el proceso, con el fin de descartar aumentos injustificados en los insumos que pudieran impactar en el precio final de la tortilla y lesionar el bienestar de las familias.
Con los parámetros de abasto, costos y precios, las autoridades federales determinaron que el precio de la tortilla debería mantenerse sin cambio por lo menos hasta mediados del siguiente año, cuando se tendrá información sobre las cosechas del maíz grano del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2020/2021, fecha en la que se podría considerar un posible aumento.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señaló que las cosechas del ciclo agrícola Primavera-Verano 2020 registran una producción favorable, por lo que hay disponibilidad del grano y, actualmente, el precio del maíz se ubica en alrededor de 4,700 pesos por tonelada al productor, y de 5,450 pesos por tonelada en molino, lo que permite un funcionamiento adecuado de la cadena productiva.
Asimismo, los secretarios acordaron dar vista a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre los anuncios realizados por agentes económicos para los efectos legales a que haya lugar.