Elena Soto
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que de una falla mecánica y de mantenimiento fue la que provocó el desplome del helicóptero, en el que murieron la entonces gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y su esposo, el Senador Rafael Moreno Valle.
“No debió haber volado, debió haber estado en tierra, no era aeronavegable”, (sic).
Al presentar el informe final del accidente, que contiene el Dictamen sobre las causas probables por las que se desplomó el helicóptero, el funcionario expuso que los factores conjugados en el accidente fueron las prácticas de operaciones, mantenimiento y despacho inadecuados por parte del taxi aéreo y de la empresa que proporcionaba el servicio de mantenimiento.
También dijo que hubo un inadecuada cultura de seguridad operacional y una decisión inadecuada del taxi aéreo, de la tripulación de continuar realizando vuelos; teniendo conocimiento de un mal funcionamiento intermitente del actuador lineal de alabeo del sistema de aumento de estabilidad número 2 en vuelos previos.
Jiménez Espriú menciono descubrir que el 13 de diciembre, había un daño en el actuador lineal del Sistema de Aumento de Estabilidad número dos, y pese a ello, el helicóptero voló.
¿Cuál es, entonces, lo que llaman la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a un alabeo repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto al mando, quien tiene una fracción de tiempo, tres segundos nada más, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno. Estamos entrecomillando, este es un extracto del dictamen que ustedes podrán ver con toda amplitud”, (sic).
Asimismo, expuso que los investigadores de la agencia y las autoridades de los países fabricantes de motores y de helicópteros confirmaron al término de las investigaciones que, durante la inspección de los restos no se observaron indicios de materiales ajenos al propio helicóptero, no había aves ni pedazos de aves o proyectiles, ni evidencias de daños que acrediten que existió un posible acto de sabotaje o de explosivos, según coincidieron los especialistas.
Dijo que el informe se entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine las sanciones penales correspondientes.
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