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Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, informó que impugnará la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la que inhabilitó a su clienta por diez años.
El litigante denunció que con esta acción de la dependencia federal se confirma que existe una persecución política en contra de la exfuncionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Hernández Barros calificó como injusta la medida y sin fundamento legal, pues aseguró que Rosario Robles no omitió información en sus declaraciones patrimoniales, tal como lo justificó la SFP.
El día de ayer, mediante un comunicado de la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, se notificó que la extitular de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no podrá involucrarse en el servicio público por los próximos diez años.
La SFP detalló que Rosario Robles fue notificada de la inhabilitación que le impide desempeñar algún cargo o comisión dentro de organismos gubernamentales, puesto que faltó al principio de veracidad en sus declaraciones patrimoniales.
La defensa de Robles respondió que la dependencia federal dio una resolución injustificada por una presunta omisión que realizó su clienta de una cuenta bancaria que tiene 2 mil 887 pesos.
Además, el abogado destacó que Sandoval Ballesteros mintió al afirmar que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien dictara la medida, puesto que está convencido de que sería incapaz de solicitar ‘una tropelía tan injusta y absurda’.
Hernández Barros explicó que Rosario Robles nunca dispuso de la cuenta que señala la SFP, en la que el saldo era inferior a los 3 mil pesos, y puntualizó que la resolución de Función Pública no contribuye a terminar con la ‘corrupción y la impunidad’, como lo aseveró en su escrito Irma Eréndira.
El litigante consideró que la sanción que se impuso a Robles forma parte de la persecución política en su contra porque contrasta con las omisiones que hacen funcionarios públicos que actualmente están en el servicio público y ‘esconden’ más de 800 millones de pesos en bienes inmuebles sin que reciban castigos semejantes.
Con información de Político MX, Animal Político y Milenio
Fotografía: Facebook Rosario Robles