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Antes de que se concretara la vinculación a proceso de Rosario Robles, su defensa argumentó que el excandidato presidencial José Antonio Meade tuvo conocimiento de las irregularidades que le imputaron a su clienta.
El juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sugirió a las autoridades realizar una indagatoria al expresidente Enrique Peña Nieto y al sucesor de Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por su presunta omisión en la denominada Estafa Maestra.
En la audiencia que comenzó ayer por la tarde y concluyó durante la madrugada de este martes, los abogados de Rosario Robles mencionaron que ella no fue la única que conocía lo que ocurría dentro de las dependencias que tuvo a su cargo, puesto que la exfuncionaria comunicó al entonces presidente por diversas vías lo que había detectado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Según Robles, alertó a Peña de los presuntos desvíos por llamadas telefónicas, en giras de trabajo y reuniones de gabinete, mientras que Meade tuvo conocimiento de las irregularidades el día que firmó la entrega-recepción de Sedesol.
El juez destacó que, si Peña tuvo conocimiento de las malversaciones dentro de dicha dependencia y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando estuvo en el poder, las autoridades deben incluirlo en su investigación.
José Antonio Meade podría ser el próximo exfuncionario del sexenio de Peña Nieto en comparecer ante las autoridades, ya que el juez de control pidió a la defensa de Robles que compruebe las acusaciones en su contra.
El impartidor de justicia fijó como plazo el 16 de agosto para que Rosario Robles presente una copia certificada o notariada sobre la presunta omisión de Meade cuando tomó la Sedesol.
En la audiencia de vinculación a proceso, la defensa de Robles llegó con varios documentos para probar la inocencia de su clienta. Entre el material, se encontraba el acta de entrega-recepción de la dependencia mencionada en 2015, en la que se estipuló el pago a universidades que, según la Fiscalía General de la República (FGR) resultó en un daño al erario por más de 5 mil millones de pesos.
Cuando Meade firmó el acuerdo no realizó observaciones sobre las irregularidades, destacaron los abogados de Robles.
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Con información de El Heraldo de México, Político MX y Economía Hoy
Fotografía: Contraparte, Proceso y El Big Data