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En la carpeta de investigación de Emilio Lozoya Austin se refiere que el inculpado colaboró con la constructora brasileña Odebrecht entre 2009 y 2012.
Según la orden de aprehensión que se libró, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la declaratoria de Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, quien señaló a Lozoya como un vínculo entre la empresa internacional y empresarios mexicanos.
De Meneses Weyll destacó que Lozoya fue un ‘consultor’ antes de que asumiera como director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y lo ayudó a que la constructora de Brasil obtuviera negocios en México para poder consolidarse, además de que tuvo un papel importante para vincularlo en los estados donde celebrarían elecciones locales en 2012.
El exdirector de la compañía mencionó que cuando Lozoya llegó a Pemex le ofreció 10.5 millones de dólares a cambio de que le otorgara contratos.
Dicho dinero fue remitido a diversas cuentas bancarias que estipuló Lozoya y, según las investigaciones, sirvió para adquirir la residencia en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, a nombre de Marielle Hellene Eckes.
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La entrevista con De Meneses se realizó el 15 de marzo de 2017 en el Ministerio Público de Brasil y llegó a México después de que la solicitara la FGR por medio de ‘asistencia jurídica internacional’.
La FGR destacó que a esta información tuvieron acceso los exprocuradores Raúl Cervantes y Elías Beltrán; sin embargo, no tomaron cartas en el asunto.
Luis Alberto refirió que conoció a Lozoya en 2009, cuando era director del Foro Económico Mundial de América Latina. Hasta antes del gobierno de Peña Nieto, ambos personajes tuvieron varias reuniones.
Por otra parte, Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, destacó en una entrevista para Radio Fórmula que la orden de aprehensión en contra de su cliente no tiene fundamento.
De acuerdo con el defensor, un juez de distrito está ‘estudiando’ el dictamen y pidió al juez de control que acredite la consigna.
Coello Trejo declaró que a Lozoya se le acusa de recibir sobornos de Odebrecht para financiar la campaña de Peña y que en 2010 era colaborador de la firma brasileña; sin embargo, el abogado destacó que no podría desempeñar cargos si trabajaba en el Foro Económico Mundial.
Además, el defensor destacó que no puede haber prueba de lo que estipuló la FGR en la orden de captura, dado que en ese entonces no era funcionario del Gobierno Federal y el delito que se le imputa aplica a servidores públicos.
Con información de El Universal, La Jornada y Vanguardia
Fotografía: Posta, Al Navío y Pulso SLP