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Ayer por la noche, el Congreso de Baja California realizó una sesión extraordinaria a puerta cerrada, en la que avaló la ampliación de mandato del gobernador electo Jaime Bonilla.
La reunión se realizó en el inmueble del Palacio Municipal de Playas de Rosarito, donde el principal fin fue la validación de la reforma constitucional que permitiera que la siguente gubernatura sea de cinco años y no de dos.
El paso que sigue en esta polémica decisión es remitir el decreto al Periódico Oficial del Estado para que se publique, lo que el actual mandatario de Baja California, Francisco Vega, rechazó de manera anticipada.
De no realizarlo el gobernador en 35 días, la reforma se publicará de manera directa por parte del presidente del Congreso.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Arregui Ibarra, leyó un comunicado de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Baja California, donde se rechaza acatar un exhorto remitido de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
De acuerdo con el legislador local, los comisionados del Congreso nacional ordenaron de manera equivocada eliminar el decreto que reformó políticamente la Constitución de Baja California con el fin de ‘empatar’ las elecciones locales con las federales.
Además, el diputado Raúl Castañeda Pomposo, mencionó que las intenciones de los diputados y senadores federales que se opusieron es un ‘analfabetismo constitucional’.
Por su parte, Manuel Osuna Millán y Eva María Vázquez Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), pretendieron que no se votara la ampliación de mandato; sin embargo, la reforma se avaló por mayoría de votos.
Además, Vázquez Hernández advirtió con anterioridad que el Congreso de Baja California convocó a una sesión extraordinaria en Rosarito para validar la reforma.
La discusión sobre ampliar el mandato del gobernador electo escaló al plano nacional debido a que partidos de oposición consideran que con esta medida se viola la democracia de los sudcalifornianos que votaron por un periodo de dos años y no de cinco.
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Con información de El Universal, Proceso y El Financiero
Fotografía: López-Dóriga Digital