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La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), anteriormente conocida como Fepade, concluyó que la empresa brasileña Odebrecht no incurrió en algún delito por el presunto financiamiento a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.
De acuerdo con el diario Reforma, la FEDE tenía bajo la lupa a Emilio Lozoya Austin, excoordinador de Vinculación Internacional de la candidatura de Peña Nieto, y a Nuvia Mayorga Delgado, actual senadora y excomisionada de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del PRI.
La Fiscalía recibió una denuncia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el 16 de agosto de 2017, tras la difusión de testimonios de la constructora brasileña, en donde se asegura que Lozoya recibió sobornos.
Por ello, la FEDE comenzó la investigación para corroborar que existían negociaciones irregulares entre ambas partes.
Reforma aseguró que en un documento firmado por el fiscal de apellidos González Ramírez, se estipuló que Odebrecht hizo dos pagos, el primero por 7 millones 856 mil 433 dólares, que se entregó entre abril y noviembre de 2012, y otro por 5 millones de dólares, el cual llegó a manos de los priistas entre diciembre de 2013 y marzo de 2014.
En total, se detalló que la constructora internacional otorgó con 12 millones 856 mil 433 dólares. La primera parte fue para la campaña del presidenciable Peña Nieto y la segunda para recibir contratos de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tula, Hidalgo.
A finales de mayo de este año, el Tercer Tribunal Colegiado Penal solicitó a la FEDE que resolviera la carpeta de investigación que se abrió por presuntos delitos electorales en 2012.
El diario Reforma informó que el órgano fiscalizador electoral determinó el 3 de junio la prescripción de alguna acción penal contra los involucrados debido al tiempo que ha transcurrido desde entonces.
Se acuerda la prescripción de la acción penal respecto de las conductas señaladas como probablemente constitutivas de algún delito electoral, de los previstos y sancionados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal, que pudieron haberse suscitado con motivo del proceso electoral 2011-2012”.
La FEDE argumentó que el tribunal instruyó que debería tomarse como punto de partida el 20 de abril de 2012, cuando Odebrecht realizó el primer depósito a Lozoya y, debido a que el plazo de prescripción de delitos electorales es de cinco años, lo ocurrido en 2012 ya no puede ser penalizado.
Con información de Periódico AM, El Diario de Chihuahua y Político MX.
Fotografía especial con imágenes tomadas de Expansión.