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El expediente de la auditoría interna 2015, donde se revela la participación de Vicente Fox Quesada en presuntos actos de corrupción, desapareció de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con una entrevista que realizó la revista Contralínea, el auditor a cargo del caso, Roberto Muñoz Leos, mencionó que en dichos documentos se estipulaba que el expresidente dio órdenes directas para cometer acciones irregulares.
En el archivo se encuentran pruebas de ‘tráfico de influencias, adjudicaciones directas, subcontrataciones, pagos anticipados, sobreprecios, incumplimientos, duplicidad de convenios y triangulación del gasto público’.
Contralínea explica que en la auditoría 2015 se tenía documentado el gasto que se hizo durante la remodelación de Los Pinos a principio de la administración de Vicente Fox y que tomó del erario 61 millones de pesos.
La revista menciona que realizó una solicitud a la SFP del expediente mencionado, pero recibió una respuesta negativa.
Tras el procedimiento de búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos, ni la Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG), ni la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública, ni la Dirección General de Auditorías Externas, ni el Órgano Interno de Control en la Presidencia de la República cuentan con expresión documental que otorgue respuesta a lo solicitado” [sic].
A pesar de que Función Pública argumentó que no ha realizado auditorías sobre el periodo de Fox, el semanario Contralínea cuenta con una copia del expediente.
En una segunda entrega de la investigación, la revista detalló que el gobierno de Felipe Calderón desapareció la documentación de dicho caso.
Contralínea explica que la SFP realizó una segunda búsqueda exhaustiva en sus archivos para localizar las pruebas de las que la revista tiene duplicado.
La dependencia encontró oficios donde se dictó la destrucción de 50 cajas de archivo, tanto originales y copias, en las cuales estaban expedientes de fiscalización 2015.
La SFP envió un escrito al semanario donde explica que esta determinación ocurrió durante el gobierno de Calderón.
Se pudo identificar que los documentos relacionados a la auditoría que refieren en su nota periodística fueron dados de baja del archivo de la institución en 2008” [sic].
Además, el organismo agregó que se encontró la versión digital del oficio por el que la Oficialía Mayor de la SFP solicitó en noviembre de 2007 al Archivo General de la Nación dar de baja definitiva 308 expedientes que databan de los años 1993, 1998, 2000 y 2001.
El gobierno argumentó que estos documentos que generó la Unidad de Auditoría Gubernamental tenían un plazo de conservación el cual había concluido.
Con información de Contralínea y Sin Embargo.
Fotografía tomada de La Nación.