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El coordinador de los diputados sin partido, Ricardo Gallardo Cardona, manifestó que la Ley de Austeridad Republicana acabará con el ‘aviadurismo, nepotismo y amiguismo’ en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Destacó que con este mandato legal, los funcionarios que ocupen un cargo público tendrán que ser gente probada y serán sus méritos y aptitudes los que avalen sus puestos.
Gallardo Cardona abundó que en este sexenio se acabará el abuso, la ostentación y el despilfarro, ya que ahora se garantizará el ahorro y la transparencia de los recursos.
Los diputados sin partido tenemos el compromiso con los votantes de que se acabe el derroche de recursos, el tráfico de influencias y la discrecionalidad, la adquisición de bienes y servicios se deberá realizar a través de licitaciones públicas”.
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El legislador por San Luis Potosí detalló que en el dictamen queda establecido que no habrá choferes, cajas de ahorro y bonos, ‘son medidas duras que mejorarán la función pública con ética y valores’.
Afirmó que a los trabajadores se les respetarán todas sus conquistas y no se modificará la jornada laboral, por lo que los burócratas no trabajarán los sábados y la exigencia será para los altos mandos.
El diputado independiente expresó que otra de las acciones que quedan establecidas es que los contratos del gobierno suscritos con empresas nacionales o extranjeras sean nulos si se otorgaron mediante tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública.
Recordó que la ley de Austeridad reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica General del Congreso y la Ley de Servicio Exterior.
Este martes, último día del periodo ordinario de sesiones, se discute la Ley de Austeridad Republicana que hace referencia a la política que fomenta el Gobierno de México para eliminar privilegios, como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva.
También busca que en el aparato burocrático, el Estado desarrolle funciones sin crear nuevas plazas ni aumentar sus dotaciones y limitar el uso de bienes muebles e inmuebles y los recursos humanos propiedad de sí mismo y a su servicio, así como al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo a la población.
Fotografía: Laura Brugés.