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Este domingo La Jornada, al contar con una copia de la sentencia, informó que la justicia federal amparó y protegió al pueblo indígena El Contadero, Cuajimalpa, contra la construcción de un Hospital General en la zona en terrenos inadecuados, lo que causaría grave daño a la comunidad.
El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió amparo y protección de la justicia federal a El Contadero contra la construcción, emprendida por el Gobierno capitalino en diciembre de 2016 para sustituir el hospital Materno-Infantil siniestrado el 29 de enero de 2015 por una explosión de gas L.P.
El 13 de febrero de 2017, un grupo de vecinos de El Contadero, tras considerar que el gobierno violentaba sus derechos fundamentales como pueblo originario, acudieron a la justicia federal.
Su demanda de amparo indirecto reclamaba que el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y sus subordinados omitieron realizar la consulta, previa, libre e informada al pueblo indígena de El Contadero, y se ‘abstuvieron’ de solicitar las evaluaciones de impacto ambiental para obtener las autorizaciones de impacto ambiental de acuerdo a las leyes General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, General de Desarrollo Forestal Sustentable y Ambiental de Protección a la Tierra.
En respuesta, el 11 de octubre de 2017 el Séptimo Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que:
Los quejosos acreditaron contar con legitimación para reclamar diversas omisiones con motivo de la construcción de Hospital General de Cuajimalpa, a efecto de proteger las costumbres, tradiciones e identidad cultural de la comunidad a la que pertenecen, incluso el derecho a un medio ambiente sano, adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, pues se autoadscribieron como indígenas integrantes de El Contadero, de lo que se desprende que asumieron de manera voluntaria la representación colectiva”.
Ante las ‘trabas y obstáculos’ de los Gobiernos federal y capitalino, la defensa jurídica comprobó las omisiones mediante oficios de las comisiones Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), y del Agua (Conagua), y se añadieron ‘estimaciones, minutas y oficios consecuencia del contrato de obra pública’, los cuales se rehusó a entregar la administración pasada.
Finalmente, el 18 de enero de 2019 se dictó la sentencia del juicio de amparo indirecto 189/2017, concediendo protección al pueblo de El Contadero en contra de la construcción del nosocomio.
De acuerdo con Kosmo Publicus, organismo civil que participa en la defensa de El Contadero, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles García, ‘en caso de que continúe la construcción’, deberán realizar las consultas públicas al pueblo en cuestión y a los habitantes de la ciudad, pero:
En función de lo previsto en el artículo segundo constitucional, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal”.
De ser así, las autoridades deberán tramitar y obtener ‘los dictámenes, permisos o licencias respecto del inmueble sobre le cual se ejecutará la obra pública, específicamente la autorización en impacto ambiental y su evaluación’.
El juez federal dictó que el amparo y la protección se extienden a todos los actos posteriores al inicio de la construcción del Hospital. Kosmo Publicus precisa: ‘al ser fruto de actos viciados, los actos derivados de ésta, que se apoyen en o sean condicionados por ella, resultan inconstitucionales’.
Con información de La Jornada, El Universal y Zócalo.
Fotografías de Mugs Noticias, El Universal y Milenio.