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De acuerdo con información de la Dirección General de Minas (DGM), entre 2006 y 2012, los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón otorgaron 10 mil 658 concesiones mineras a empresas con vigencias hasta 2056-2062 que, en conjunto, suman 28 millones 792 mil hectáreas.
Al respecto, Fundar, Carto Crítica y la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) realizaron el documento ‘Anuario de industrias extractivas’, en el que puede leerse:
La Ley Minera permite que las concesiones puedan darse hasta por 50 años y ser prorrogadas por igual término. Esta disposición convierte a las concesiones mineras en un privilegio que favorece la especulación en las bolsas de valores, teniendo en cuenta que la vida útil de una mina a partir de las nuevas técnicas de extracción casi nunca rebasa los 20 años. Además de considerar que un periodo de tiempo tan largo puede favorecer la creación de pasivos ambientales mineros y dificultar la definición de responsabilidades y sanciones a aquellas empresas mineras que no realicen un adecuado proceso de cierre de minas”.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre 2013 y 2017 se otorgaron otras 3 mil 190 concesiones también con vigencia de 50 años, sumando 13 mil 848 concesiones en los últimos once años.
Por su parte, durante la conferencia matutina del 22 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ‘la propuesta de cambio ya sabemos en qué terminó. Se destacó Fox en la entrega de concesiones para la explotación minera’.
Siguiendo con datos de la DGM, durante el último año del sexenio de Vicente Fox –de enero a noviembre de 2006–, se brindaron mil 573 concesiones en Durango, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Coahuila, con una extensión de 3 millones 630 mil hectáreas.
Al respecto, López Obrador señaló:
Luego Calderón, lo mismo, más concesiones. El general [Lázaro] Cárdenas le entregó a los campesinos 18 millones de hectáreas en su sexenio a un millón de familias campesinas […] Calderón le entregó a las empresas mineras 21 millones de hectáreas [en total fueron más de 25 millones]”.
Así, de 2006 a 2012, Felipe Calderón dio 9 mil 805 concesiones mineras, mayoritariamente en 2007 (2 mil 267), con una extensión de 25 millones 370 mil hectáreas.
En 2011 la DGM hizo público el nombre de empresas y personas físicas que recibieron las concesiones para realizar actividades mineras, de las cuales destacan: Exploraciones Mineras Parreña, Exploraciones Mineras Peñoles, Minera Saucito, que pertenecen al tercer hombre más rico del país: Alberto Baillères González, así como Minera del Norte de Altos Hornos de México, siderúrgica dirigida por Luis Enrique Zamudio Michelsen.
Además figuran filiales de la estadounidense Platte River Gold o de canadienses Silver Corp y Gold Corp. Estos beneficiados continuaron obteniendo concesiones con Enrique Peña Nieto.
Por otro lado, entre las mineras que recibieron el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales –de 2013 a 2017–, repitieron Exploraciones Mineras Parreña y Fresnillo, del Grupo Peñoles (encabezado por Baillères); Mineras del Norte, de Altos Hornos de México, y se añadió Grupo México (de Germán Larrea Velasco), cuya mina Buenavista fue responsable del derrame de tóxicos en ríos de Sonora en agosto de 2014.
En México, la regulación del sector minero se basa en la Ley Minera publicada en 1992 y que ha tenido cuatro modificaciones (1996, 2005, 2006 y 2014). La expansión comenzó tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), beneficiando principalmente a las compañías mineras canadienses.
Al respecto, en el Anuario de industrias extractivas se explica que:
Esta Ley y otros cambios que se llevaron a cabo tuvieron como objetivo ampliar la participación de las empresas mineras extranjeras en esta actividad, para lo cual se establecieron una serie de medidas que les otorgan facilidades para operar los proyectos. Estas disposiciones se mantienen al día de hoy y configuran un laxo marco normativo de esta actividad”.
Entre las modificaciones mencionadas, figuran las realizadas en la Ley Agraria y en el Artículo 27 constitucional que permitieron la compra, venta y renta de tierras ejidales y comunales; se estableció una nueva duración para las concesiones mineras de 25 a 50 años, prorrogables a otros 50 años más; y se otorgó el carácter de preferente a la actividad minera sobre cualquier otro uso como el agrícola, a excepción de las relacionadas con hidrocarburos.
A través de esta Ley, y de manera contraria a las obligaciones del Estado para garantizar sus derechos a la autodeterminación y a la tierra y el territorio, se privilegian los intereses de las empresas mineras sobre los de pueblos y comunidades campesinas e indígenas […] además de violentar el derecho que tienen a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua”.
El mismo Anuario documenta el uso de agua, sobre lo que expone que:
Para extraer solo un centenario de oro (1.2 onzas), se requieren de 100 a 150 mil litros de agua dulce, suficientes para proporcionar agua a una familia por un año”.
Con información de Sin Embargo, La Jornada y Regeneración.
Fotografías de Expansión, El Universal y El Sol de México.