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En la historia reciente de la política mexicana, las Organizaciones Sociales Civiles (OSC), a través de diversos programas sociales, han sido un instrumento acaparador de buena parte de los recursos con los que cuenta el Estado mexicano para cumplir con sus responsabilidades.
Entre 2004 y 2018 los diversos Gobiernos entregaron a las OSC donativos por 26 mil 391 millones 338 mil 283 pesos a través de programas federales. Vicente Fox, de quien solo se consideraron tres años, otorgó 3 mil 727 millones 999 mil 298 pesos; Felipe Calderón fue quien más recursos dio: 12 mil 719 millones 740 mil 858 pesos; y Enrique Peña Nieto destinó 9 mil 943 millones 598 mil 126 pesos.
Así, en promedio durante catorce años, las OSC recibieron mil 759 millones 422 mil 552 pesos anuales, cantidad equivalente al 43.9 por ciento de todo el dinero destinado a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que Peña Nieto lanzó para combatir la crisis alimentaria del país.
De los donativos de los gobiernos a las causas sociales, los beneficiarios no siempre fueron activistas o defensores de derechos humanos.
Los recursos también llegaron a las agrupaciones fundadas por el expresidente Vicente Fox, el exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, y de los empresarios Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, así como a los partidos políticos a través de decenas de organizaciones campesinas.
Los datos hasta ahora expuestos son resultado de una revisión realizada por la contraloría pública, el registro federal de OSC del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), los reportes de donatarias autorizadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública a través de los catorce años de vigencia de la Ley de Fomento a las Actividades de las OSC.
Por otro lado, los recursos otorgados a estas organizaciones se han canalizado más a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), Economía, Educación Pública (SEP), Salud (SSA), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Desarrollo Social (Sedesol), Cultura, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina del pasado 18 de febrero, que no habrá más recursos públicos para las OSC.
Di a conocer hace dos días un memorándum, una circular para que no se transfieran recursos del Presupuesto a organizaciones sociales, a sindicatos, a organizaciones de la llamada sociedad civil, ONG, a asociaciones filantrópicas, ya nada de eso se va a permitir. El apoyo del Gobierno se va a entregar directamente a los beneficiarios”.
La donación del dinero público a las agrupaciones que representan a la sociedad civil inició en 2004, cuando Vicente Fox firmó el decreto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las OSC.
Así se amplió el marco jurídico que ya existía. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) a través de su título III de la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISR) avalaba que las Asociaciones Civiles, Organizaciones no Gubernamentales y Fundaciones recibieran de particulares donativos en especie y efectivo de particulares del país, así como del extranjero. La compensación para el apoyo de estas agrupaciones era –aún lo es– la deducibilidad de impuestos.
Fue entonces que el registro de OSC aumentó considerablemente. Si en 2004 había tres, en 2005 había 2 mil 956. En el gobierno de Felipe Calderón se sumaron otras 16 mil 870, llegando a un total de 19 mil 826. No obstante, en 2008 decretó que el sector filantrópico debía pagar el impuesto –CETU, luego IETU, hoy extinto–, además de entregar un reporte a la SHCP de sus donativos provenientes del extranjero y del país.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto el número se disparó. En cuatro años obtuvieron permiso para recibir donativos 17 mil 430 más, sumando 37 mil 254. De acuerdo con la revisión histórica del Registro Federal de las OSC a cargo del Indesol, fue un incremento de 87.9 por ciento.
El abanico de causas incluyó la seguridad pública, la equidad de género, la desprotección de niños y niñas, el abandono de ancianos, la protección de animales, la trata de personas, los padres de familia, la educación, la enseñanza de instrumentos musicales, la defensa de los derechos humanos, diversos tipos de cáncer, VIH/SIDA o la defensa del bebé no nato.
En 2004, cuando Fox firmó la Ley de Fomento a las Actividades de las OSC en Los Pinos, rodeado de Legisladores, miembros del Gabinete y representantes de las OSC, la encuestadora Parametría advertía que su aceptación iba en picada por una desilusión en su forma de gobernar.
Aquella vez, el presidente por el Partido Acción Nacional (PAN) se aferró al discurso de la campaña, al del cambio:
En el pasado, el poder ciudadano vivió atado por el viejo corporativismo. Ayer existía un gobierno intervencionista y controlador; hoy el gobierno hace alianza con la sociedad civil para promover el bien común”.
A quince años de aquella firma, el expresidente emplea su cuenta de Twitter para atacar a López Obrador diariamente sobre su forma de gobernar; pero la decisión de suspender las ayudas a las OSC lo inquietó de manera particular.
El pasado 18 de febrero, el mismo día del anuncio del presidente de recortar los donativos a las OSC, Fox publicó un tuit en el que lo calificaba de ‘Necio, mil veces necio’ y consideró que su actuar era ‘lo más cercano a una dictadura’.
Su eufórica expresión parece tener sustento, pues en 2007 fundó el Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox, rompiendo la tradición de los expresidentes priistas quienes, al culminar su mandato, se retiraban a contemplar los vaivenes de la política nacional desde lejos y en silencio.
Por su parte, el también panista Felipe Calderón creó en 2014 la Fundación de Desarrollo Humano Sustentable (FDHS), una organización a través de la cual, ha estado presente en la escena pública. Instancia desde la que apoyó la candidatura presidencial de su esposa Margarita Zavala en las elecciones de 2018.
Sin embargo, en materia filantrópica, Fox ha resultado más exitoso que Calderón. Los documentos revisados no arrojan un solo donativo del Gobierno para la asociación calderonista y en cuanto a donativos de particulares, la FDHS ha recibido 37.4 millones de pesos, un promedio de 12 millones anuales, la cuarta parte de lo que recibe el Centro Fox (40 millones de pesos al año en donativos).
Parte del florecimiento del Centro Fox es su área cultural. Si entre 2012 y 2017, ese ámbito fue castigado con un recorte presupuestal de 60 por ciento, lo que impactó al Sistema Nacional de Fomento Musical, el Gobierno de Peña Nieto le donó al expresidente, a través de la Secretaría de Cultura, 2 millones de pesos para orquestas, coros y ensambles comunitarios en 2015.
Otros 2 millones de pesos en 2016 para ofrecer a la población –especialmente niñas, niños y adolescentes– la oportunidad de acceder a un programa de orquesta y programas especiales de promoción para la formación musical a través de un proyecto socio-cultural y educativo.
Y 2 millones de pesos más en 2017 para capacitar y preparar musicalmente a más de 250 niñas, niños y adolescentes en su conocimiento, desarrollo y crecimiento instrumental.
En este apogeo de defensa de causas sociales, surgió también Promoción y Acción Comunitarias, cuya representante original fue María del Carmen Fuentes Quesada, prima de Vicente Fox, que si bien apenas tuvo 177 mil pesos de dinero público, de particulares sumó 64 millones 431 mil 375 pesos.
Caso similar el de Amigos de María, de María Inés Quesada Reynoso, otra prima del exmandatario; un albergue para niños desprotegidos que tuvo, entre donativos del Gobierno y otros aportantes alrededor de 10 millones de pesos.
Cambiando de político, Manlio Fabio Beltrones, tras perder a su madre debido a un cáncer de mama, fundó en 2005 la Fundación Beatriz Beltrones A.C. en Sonora, con él como presidente y su hija Sylvana Beltrones como vicepresidenta. Instancia que, en los catorce años revisados, obtuvo casi un millón de pesos de donativos del Estado y 62 millones 73 mil 810 pesos del sector privado.
En octubre de 2012, Sylvana Beltrones organizó un desfile para recaudar fondos. Entre sus invitados estuvieron el empresario Carlos Slim; Arturo Elías Ayub y su esposa Johanna Slim; Emilio Gamboa, Alberto Cinta y Silvia Rojo. Ocasión en la que Manlio Fabio Beltrones dijo:
Mi hija, mi mujer y yo sufrimos con el cáncer de mi madre que la llevó a la muerte […]. Cuando se tiene esa enfermedad, la agonía no es sólo de quien la padece, sino de la familia completa; queremos seguir trabajando con el propósito de que menos mujeres en Sonora tengan este problema”.
En ámbitos comerciales y de filantropía Televisa y TV Azteca han mantenido un oligopolio. Juntas, para sus fundaciones han obtenido del Gobierno mil 715 millones 800 mil 350 pesos.
Así, Televisa ha financiado programas como Tienes el Valor o Te Vale y TV Azteca la campaña Vive sin Drogas; pero también han conseguido dinero público fresco en sus peores años de desempeño ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Los años 2015 y 2016 fueron difíciles para los dos consorcios; ambas olían a crisis. Las acciones de Televisa tuvieron una caída histórica en la BMV y tuvo que prescindir de algunos de sus viejos programas. TV Azteca vivía lo suyo y deshizo su área de novelas, disminuyendo su patrimonio en 49 por ciento.
Pero el dinero a sus causas no cesó en ningún momento. En esos mismos años, Fundación Azteca recibió alrededor de mil 707 millones 630 mil pesos y Fundación Televisa, 8 millones 170 mil 350 pesos.
De la primera televisora, la Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes, de la que se desprenden decenas de orquestas en varias comunidades del país, tuvo en poco más de una década, mil 700 millones de pesos. A su vez, el Teletón de Televisa tuvo un millón 170 mil 350 pesos.
En 2018, la Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes se convirtió en una gran beneficiaria del dinero del Gobierno al acaparar los fondos que disponía para redes de librerías u otras orquestas del Sistema Nacional de Fomento Musical del que dependen las orquestas sinfónicas del país.
Si bien las orquestas de Azteca captaron más dinero público, en donativos particulares Fundación Televisa y el Teletón tuvieron más. A la primera le llegaron 2 mil 858 millones de pesos mientras que al segundo, mil 478 millones de pesos. TV Azteca tuvo 2 mil 80 millones y sus orquestas poco más de 688 millones de pesos.
Finalmente, los partidos políticos. Pese a que no hay partido político mayoritario que no aparezca bajo la faz de una OSC como beneficiario del pastel de dinero público que los gobiernos destinaron en donativos para la filantropía, los partidos PRI, PAN, de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se llevaron entre todas cientos de millones de pesos de subsidios federales de programas de la Sagarpa y Semarnat.
Una muestra de quince de estas agrupaciones suma 68 millones 619 mil 862 pesos. Destacan Unimoss, que apoyó la candidatura de Josefina Vázquez Mota a la gubernatura del Estado de México en 2017 y fue fundada por Javier Eduardo López Macías, quien dirigió Operación Regional del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes) en el gobierno de Vicente Fox.
También el Congreso Agrario Permanente Nacional, A.C. surgida en 1989 para brindarle legitimidad al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari con 14 millones 528 mil 736 pesos. O la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo A.C., dirigida por Víctor Suárez Carrera, vocero de El Campo no Aguanta Más, que apoyó a Morena en las pasadas elecciones de 2018.
Entre las OSC, hay otro grupo más discreto: las organizaciones de seguridad surgidas durante la guerra en contra del narcotráfico, iniciada en 2006 por Felipe Calderón, y que dejó 101 mil 201 muertos y 25 mil personas desaparecidas en el país. Cifras que no cesaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sexenio en el que ocurrieron 121 mil 940 asesinatos y 37 mil 435 personas ilocalizables.
Entre 2008 y 2010 surgieron las asociaciones Causa en Común, fundada por la activista María Elena Morera, y la Comisión Unidos vs la Trata, fundada por la exsenadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Rosa María Orozco. Ninguna de las dos organizaciones aparecen como receptoras del Gobierno en los informes de donativos ante el Congreso de la Unión, pero sí como beneficiarias de donativos de particulares.
La Legislación no las obliga a decir quiénes son sus aportantes; de modo que se desconoce su identidad. Ciudadanos por una Causa en Común obtuvo 25 millones 821 mil 988 pesos y Comisión Unidos vs la Trata, un millón 597 mil 345.
Con información de Sin Embargo, Periódico Central y Zona Franca.
Fotografías de Sin Embargo, Letras Libres, Animal Político y Proceso.