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Este miércoles, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, argumentando que el Instituto siente vulnerabale su autonomía e independencia tras el recorte de 950 millones de pesos.
De acuerdo con un comunicado, dicha reducción impide que el INE, ‘de forma independiente y autónoma’, participe en la organización de los procesos electorales que se realizarán este año en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, vulnerando el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales en esas entidades; expida millones de credenciales para votar gratuitamente; fiscalice los recursos de los partidos políticos y las candidaturas; monitoree las transmisiones de radio y televisión, o bien, que cumpla con otras obligaciones constitucionales y legales.
Al respecto, Excélsior informó que en noviembre de 2018, el Consejo General del INE aprobó el Anteproyecto de Presupuesto para el PEF 2019 más bajo de su historia, manteniendo así su política de austeridad y sensibilidad social, sin descuidar que fueran los necesarios y suficientes para el cabal cumplimiento de todas sus atribuciones.
Asimismo, en ejercicio de su autonomía, el Consejo previó reducciones a las remuneraciones reales netas de los consejeros electorales, así como de funcionarios de mando de primer nivel, cuidando en todo momento cumplir ‘con las disposiciones constitucionales y legales aplicables’.
No obstante, desconociendo dicho ejercicio, la Cámara de Diputados aprobó el PEF 2019, contemplando una reducción de 950 millones de pesos al INE con respecto a lo solicitado.
Al respecto, el INE argumenta que en el decreto del PEF 2019 no hay una sola explicación ni fundamentación al recorte calificado de ‘impuesto’, y señala que la disminución adicional de recursos ocurre en un contexto de aumento del gasto público:
En términos nominales el Presupuesto de Egresos aumentó en 2019 en 10.6 por ciento respecto a 2018, y en términos reales, descontando la inflación, el incremento fue de 5.6 por ciento”.
Asimismo, informa que, conscientes del riesgo institucional en el que se encuentra el INE, los consejeros electorales se han dado a la tarea de analizar las consecuencias jurídicas y operativas con el recorte impuesto, llegando a la decisión de, en apego a lo dispuesto por el artículo 105, promover ante la SCJN una controversia constitucional en contra del PEF 2019.
La Cámara de Diputados no puede válidamente realizar una reducción presupuestaria que, sin justificación, motivación ni fundamentación alguna, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone y sin estar en un contexto de reducción del presupuesto público general, impida al INE el ejercicio de sus funciones, pues ello claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de dejar de cumplir con sus obligaciones, o bien, gestionar ampliaciones presupuestales con el gobierno federal”.
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Se plantea también la invasión a la esfera competencial del INE por parte de la Cámara de Diputados, al establecer aspectos inherentes a las condiciones de trabajo de los servidores públicos, las cuales se rigen por lo que establece la Ley Electoral y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa.
Finalmente, se puntualiza que la decisión del INE de promover la controversia constitucional, busca que la SCJN establezca y delimite el ámbito de aplicación de las normas y actos mencionados, en relación con la autonomía que la propia Norma Suprema reconoce y confiere al Instituto Electoral.
Con información de Excélsior, Central Electoral y Político MX.
Fotografía de Excélsior.