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La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) advirtió que toda institución que deje de pagar sus impuestos, como lo dispone la Carta Magna de México, estará violando la ley, por lo que podría haber reacciones judiciales ante posible defraudación fiscal.
Lo dicho fue emitido en un comunicado que fungió como respuesta a la postura que el Instituto Nacional Electoral (INE) se planteó: no pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el segundo semestre de 2019, ante lo que la PFF procederá conforme a dichas facultades en caso de incurrir en incumplimiento.
De acuerdo con el Instituto Electoral, esta medida garantizaría la cabal realización del próximo proceso electoral que se celebrará en los estados de Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Aguascalientes.
Ante ello, la Procuraduría Fiscal aclaró que se mantendrá atenta al debido cumplimiento de las obligaciones fiscales del INE, y señaló que, tanto el Instituto como los partidos políticos que apoyan tal medida:
Ignoran con tal planteamiento la obligación constitucional de contribuir al gasto público, bajo el argumento de operatividad, anteponiéndolo al mandato previsto en el artículo 31 fracción IV de la Carta Magna”.
Por lo que advirtió que con ello se violan las disposiciones legales tributarias incurriendo inclusive en conductas delictivas de defraudación fiscal previstas por el Código Fiscal de la Federación.
En respuesta al comunicado, el Instituto Nacional Electoral aclaró que no ha aprobado ninguna disposición que implique que vaya a dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales, atribuyendo el hecho a tergiversación de la información por parte de la prensa.
https://twitter.com/INEMexico/status/1088649207785971713
Sobre este tema, La Jornada publicó el pasado 22 de enero una nota en la que informa que la Comisión Temporal de Presupuesto del INE había aprobado una propuesta que se presentará a su Consejo General para absorber el recorte de 950 millones de pesos que le decretó la Cámara de Diputados.
Ante el boquete administrativo que no es posible absorber, la comisión aprobó no trasladar al fisco el impuesto sobre la renta de sus trabajadores entre julio y diciembre de este año, del que obtendrían más de 600 millones de pesos”.
Con información de El Universal, La Jornada y MSN Noticias.
Fotografía de Milenio.