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Ciudad de México. 5 de diciembre de 2018.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó a los magistrados de México aún no resolver los conflictos de interés que los jueces argumentan tener, frente a las solicitudes de amparo que diversos funcionarios han tramitado para salvarse de las reducciones salariales planteadas en la Ley Federal de Remuneraciones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior significa que los funcionarios y servidores públicos que tramiten amparos en el futuro podrán hacerlo y, a su vez, si cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, los jueces deberán admitir y pronunciarse sobre la eventual concesión de suspensiones provisionales.
Si lo consideran necesario, podrán también declararse impedidos para resolver –como algunos ya lo han hecho– y en dicho caso deberán esperar que la SCJN emita el criterio en el que indique cuál autoridad será la competente para la resolución de estos asuntos.
Mediante el acuerdo general 13/2018, emitido el pasado 3 de diciembre, la SCJN solicitó a los colegiados del país continuar los trámites de los impedimentos que les han sido planteados por los amparos presentados contra la Ley Federal de Remuneraciones, pero aplazar el dictado de las sentencias hasta que los ministros resuelvan la competencia.
Este acuerdo surgió luego de que en noviembre pasado el Juez Décimo de Distrito en Sinaloa se dijo imposibilitado para conocer del amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos tramitado por la magistrada federal Sonia Rojas Castro. En su acuerdo, el juez se reconoció como potencial quejoso de los actos reclamados por la magistrada.
Por ello, ordenó enviar el expediente a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito para que resolviera sobre el impedimento planteado.
Por su parte, el colegiado de Sinaloa envió en asunto a la SCJN solicitando que ejerza su facultad de atracción y que sean los ministros los encargados de definir si procede o no el impedimento y, en su caso, que también designen qué autoridad será la competente para resolver el amparo.
De acuerdo con información de El Universal, hasta el pasado 3 de diciembre se han tramitado 2 mil 835 amparos, ante los cuales, los jueces han concedido las suspensiones provisionales para que la ley no sea aplicada a los quejosos.
En el caso de los burócratas externos al Poder Judicial, los jueces no han concedido las suspensiones porque procederá hasta que se apruebe el Presupuesto de Egresos 2019.
También en el pasado noviembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tramitó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra dicha Ley, por considerarla ambigua e imprecisa. El asunto fue admitido por el ministro Alberto Pérez Dayán.
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Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ‘en un país con tanta pobreza, recibir más de 600 mil pesos al mes es un acto de corrupción’, sin negar que también existe el ‘derecho a disentir’.
Asimismo, señaló que los servidores públicos deben aprender a vivir en la justa medianía y expresó que si bien los funcionarios del actual gobierno tienen muy buen nivel académico, un secretario solo tendrá un sueldo de 105 mil pesos mensuales, pero más importante, ‘tendrá la satisfacción de servir al país’.
Con información de El Universal, Huffpost México y El Heraldo de México.