Dallas. 14 de diciembre de 2018.- La ejecución de reos y las sentencias a pena de muerte se mantuvieron en Estados Unidos durante 2018 cerca de mínimos históricos, con un total de 25 ejecuciones y 42 sentencias de castigo capital, según el reporte anual del Centro de Información en Pena de Muerte (DPIC).
El informe se emite horas después de que el estado de Florida realizó la última ejecución de 2018, al aplicar la pena de muerte a José Antonio Jiménez, un hispano de 55 años, que fue sentenciado a la pena máxima por el asesinato a puñaladas de una mujer en el condado de Miami-Dade en 1992.
El DPIC, una organización no gubernamental con sede en Washington, D.C., indicó que 2018 marcó el cuarto año consecutivo con menos de 30 ejecuciones y 50 sentencias de muerte, lo que refleja la tendencia de disminución de largo plazo de la pena capital en todo Estados Unidos.
A lo largo del 2018, un total de 14 entidades de este país, además del gobierno federal, impusieron sentencias de muerte, pero más de la mitad de las 42 que fueron emitidas, fueron impuestas por cuatro estados: Texas y Florida (ambos con siete); California y Ohio (ambos con cinco).
El DPIC destacó que ningún condado en todo el país impuso más de dos sentencias de muerte por primera vez en la era moderna del castigo capital, que inició en 1976.
A lo largo del 2018, la pena de muerte permaneció geográficamente aislada, ya que sólo ocho estados llevaron a cabo las 25 ejecuciones: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Nebraska, Dakota del Sur, Tennessee y Texas.
Texas continúo siendo el estado con mayor uso de la pena capital al haber realizado más de la mitad de todas las ejecuciones con un total de 13. El 2018 fue el cuarto año consecutivo con menos de 30 ejecuciones. Antes de 2015, 1991 había sido el último año con menos de 30 ejecuciones.
Los casos en que se impuso o aplicó la pena de muerte continuaron durante 2018 suscitando dudas sobre la imparcialidad de su aplicación, anotó el DPIC.
Más del 70 por ciento de las personas ejecutadas mostraron evidencia de enfermedad mental grave, daño cerebral, discapacidad intelectual o abuso y trauma crónicos, y cuatro fueron ejecutadas a pesar de las afirmaciones sustanciales de inocencia, señaló la organización.
“Estados Unidos continuó su alejamiento a largo plazo de la pena de muerte en 2018”, dijo el director ejecutivo del DPIC, Robert Dunham.
“Incluso frente a la retórica política inflamatoria que insta a expandir su uso, los votantes demostraron que la pena de muerte ya no es un problema político”, dijo.
“La reelección de los gobernadores que impusieron la moratoria de la pena de muerte, el reemplazo de los fiscales de línea dura a favor de la pena de muerte por los reformadores, y la decisión de la corte del estado de Washington que anula su pena de muerte sugieren que veremos una erosión aún mayor de la pena de muerte en los próximos años”,[sic] expresó.
En octubre pasado, Washington se convirtió en el vigésimo estado en abolir la pena de muerte, cuando la Suprema Corte de esa entidad dictaminó que la pena capital viola la constitución del estado porque ‘se impone de manera arbitraria y racial’.
También, los gobernadores de Oregón y Pensilvania que impusieron una moratoria extendida sobre la pena de muerte fueron reelectos y Colorado, el tercer estado con una moratoria, eligió a un gobernador que hizo campaña para derogar la pena de muerte.
El DPIC proporciona información, análisis y datos sobre la pena de muerte, pero no toma una posición a favor o en contra de la pena capital.
Con información de Notimex.