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Ciudad de México. 28 de diciembre de 2018.- Sin lugar a dudas, este 2018 fue el año de la impunidad en México. De acuerdo con una investigación de Sin Embargo, publicada el pasado 27 de diciembre, menos del uno por ciento de los delitos –en general– fue castigado. Y si nos centramos en los funcionarios públicos que fueron señalados por diversos delitos, la impunidad salvó de todo castigo al 94 por ciento de ellos.
Para abonar en estas cifras, de acuerdo con datos del Índice Global de Impunidad México 2018, en nuestro país, el 99.3 por ciento de los delitos no son castigados. Una cifra mayor al registrado durante 2017, que alcanzó el 98.6 por ciento.
Al respecto, se puede leer en el IGI-MEX 2018 que, como consecuencia de la impunidad, México ‘vive un momento crítico, producto del profundo deterioro en el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia, donde el Estado mexicano es incapaz de garantizar a sus ciudadanos las condiciones mínimas de seguridad (su principal responsabilidad en un sistema democrático)’.
Ahora, yéndonos a las cifras oficiales, el Gobierno federal indica que, entre enero y octubre de 2018, hubo 13 mil 480 reportes de delitos cometidos por servidores públicos a nivel nacional; dato que contrasta con el número de funcionarios que fueron sancionados, 821 casos, y que –comparado con la incidencia de delitos registrados– implica que sólo el 6.09 por ciento de los casos obtuvo castigo.
Pero esta impunidad nacional no es algo de 2018, sino que se arrastra desde 2015. Desde entonces, el acumulado de reportes de delitos cometidos por funcionarios públicos ascendió a 53 mil 292 casos; y en paralelo, la cantidad acumulada de funcionarios sancionados fue de 2 mil 933 registros: 5.5 por ciento de los delitos cometidos.
Sin Embargo otorga un ejemplo para dar cuenta de la precaria situación de justicia que vive México: la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) a la solicitud de información con número de folio 0001700128518 (oficio: PGR/UTAG/DG/003172/2018).
De acuerdo con este oficio, entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de abril de 2018, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf) consignó 30 averiguaciones previas –11 por fraude y 19 por peculado– contra funcionarios públicos que delinquieron. De estas carpetas, 20 derivaron en órdenes de aprehensión, aunque sólo hubo dos sentencias condenatorias: el 6.6 por ciento de los casos.
La falta de atención a casos sucedió, asimismo, con las denuncias penales presentadas ante la PGR por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, de diciembre de 2000 a octubre de 2018, remitió 971 denuncias. Sin embargo, hasta enero de 2018, sólo 23 estaban consignadas –para ejercer una acción penal– y una implicó sentencia condenatoria: en 18 años, el Ministerio Público federal ha resuelto el 2.5 por ciento de estos casos.
Al respecto, en el informe IGI-MEX 2016 se puede leer que, debido a que ‘la impunidad es una variable que es origen y destino de otros problemas nacionales como la inseguridad, violencia, corrupción, desarrollo económico e inclusive de la desigualdad social’, urge que las instituciones de gobierno aumenten su efectividad en materia de procuración de justicia.
En total acuerdo con Sin Embargo, lo anterior es sumamente crítico. En México, el costo de la corrupción asciende a un monto equiparable al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (UNAM y OCDE 2018) y cada hora se cometen 217 crímenes (Secretariado Ejecutivo, 2018) cuyo combate consume el 1.65 por ciento del PIB (Envipe 2018).
Y esta condición aún es más profunda. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en promedio –desde 2010–, el 93 por ciento de los delitos no se denuncian por tres motivos: por ser una ‘pérdida de tiempo’ (34.2 por ciento de los casos), por ‘desconfianza en la autoridad’ (16.5 por ciento) o por la dificultad que implica tramitar una denuncia (7.7 por ciento).
Números porcentuales que coinciden con la investigación realizada por René Jiménez Ornelas (2003) del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en la que se dicta que esta ausencia de denuncia ciudadana genera un ‘desconocimiento de la criminalidad real [y] dificulta la planeación de las estrategias para combatir la delincuencia’.
Ahora pasemos a los casos emblemáticos de la impunidad en México durante este 2018.
Iniciemos mencionando que el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) estuvo marcado por la corrupción y la impunidad. Sus tropelías, como la llamada ‘casa blanca’ y su absolución por parte del entonces Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, dan cuenta de ello.
Además, en este sexenio, la ‘nueva generación’ de gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) culminó con varios detenidos o en proceso de investigación: César Duarte Jáquez de Chihuahua, Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García –que fue gobernador interino de la entidad por una licencia de Vallejo– de Michoacán, Flavino Ríos Alvarado y Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, y Roberto Sandoval Castañeda de Nayarit y su exprocurador Edgar Veytia. Esto sólo por mencionar a algunos.
Y en suma, la impunidad y las pifias tampoco saldaron la deuda con las víctimas –directas e indirectas– de Tlatlaya, Ayotzinapa y Nochixtlán. Pero en este 2018, hubo situaciones que recalcaron que, la crisis nacional por falta de procuración de justicia, aún no termina (y podría agravarse…).
Uno de los más recientes y emblemáticos casos en materia de corrupción e impunidad fue el de la (ex)lidereza sindical Elba Esther Gordillo.
A principios de agosto de 2018, la (ex)dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue puesta en libertad tras pasar más de cinco años en prisión por la comisión de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Pero las acusaciones en su contra se vinieron abajo porque las pruebas recabadas por la PGR no fueron conseguidas con autorización judicial.
En esta misma situación estuvieron las acusaciones en contra del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, acusado de presunta delincuencia organizada sin elementos probatorios, y del exgobernador de Chihuahua César Duarte, quien obtuvo un amparo luego de que un juez federal determinara que las imputaciones de la PGR carecían de competencia, ya que el proceso con delitos de orden federal estuvo a cargo de instancias locales.
El caso de Javier Duarte, no obstante, fue quizás el que más indignación causó. A principios de 2018, el Ministerio Público federal anunció que, por falta de pruebas suficientes y debido a la obtención de las mismas sin una autorización judicial previa, debía de cambiar los delitos imputados por delincuencia organizada, a asociación delictuosa.
La reconfiguración del delito implicó una condena más corta para Duarte de cinco a diez años, en lugar de 20 a 40, así como la posibilidad de cumplir su proceso en libertad condicional. Hasta la fecha y desde su aprehensión en 2017, las autoridades locales y federales han decomisado 41 inmuebles relacionados con los ilícitos de Duarte, además de la imposición de una multa de 60 mil pesos.
Mientras los errores procesales –deliberadas o no– de la PGR favorecieron a Duarte, sólo entre enero y octubre de 2018, la ASF presentó 22 denuncias ‘por temas vinculados a Veracruz’, por un monto equivalente a 27 mil millones de pesos. De esas carpetas de investigación, sólo dos fueron resueltas (o judicializadas).
Al respecto, el encargado de despacho de la PGR, Arturo Elías Beltrán, explicó durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados el 31 de octubre pasado que, de forma acumulada, existen 109 carpetas de investigación ‘relacionadas con Veracruz’, en las que las autoridades trabajan ‘para recuperar todo lo que se le quitó a sus habitantes’ –casi 100 mil millones de pesos–.
Además, refirió que existen 11 acusaciones con respecto a la ‘Estafa Maestra’ –en la que participó Javier Duarte– por 2 mil 738 millones de pesos (de las que sólo dos fueron judicializadas). De 2017 (cuando se destapó el caso) a la fecha, la PGR atrajo 37 procesos penales relacionados, por un monto de defraudación monetaria (al erario público) de más de 30 mil millones de pesos. De este acumulado de casos, apenas cuatro fueron resueltos.
Y por otro lado, César Duarte, quien es perseguido por la justicia desde que dejó la gubernatura de Chihuahua en 2016 por la acusación de operar una red de corrupción que habría generado un quebranto al erario estatal por 1.2 mil millones de pesos, monto que incluye desvíos de al menos 250 millones para el financiamiento de campañas priistas en 2016.
En la actualidad, se presume que Duarte radica en el estado de Texas, Estados Unidos. Al respecto, la PGR anunció tener, hasta 2018, ‘15 solicitudes de atención formal de extradición, una de orden electoral federal y 14 de la fiscalía del estado de Chihuahua’. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de captura, en marzo de 2018, la PGR determinó no ejercer acción penal contra el exgobernador de Chihuahua. Al respecto, el oficio PGR/UEAF/DG/582/2018 refiere que:
“Esta Representación social –léase la PGR– propone la consulta del no ejercicio de acción penal, conforme a los argumentos legales hechos valer en los apartados que anteceden por los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita […], delito bancario […] y defraudación fiscal”.
Otro caso emblemático es el del exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval, acusado por el desvío de 2.7 mil millones de pesos durante su gestión (2011-2017). Sandoval fue inhabilitado por casi 13 años para desempeñar funciones en el servicio público en agosto de 2018, a pesar de que las autoridades reconocen que incurrió ‘en violaciones graves a la Constitución Política de Nayarit’, por el ‘manejo indebido de recursos públicos’.
Sin Embargo informó que cinco meses antes de la resolución de la Comisión Especial de Gran Jurado Sección Instructora de Nayarit, un juez de distrito en materia de amparo emitió un oficio para impedir la captura y las medidas cautelares en contra de Sandoval Castañeda. Pero en el amparo fechado al 26 de marzo de 2018 se lee que la suspensión ‘no impide’ a las autoridades responsables llevar ‘la debida integración’ de carpetas de investigación o averiguaciones previas.
Un caso, quizás un poco más atrasado, es el del exgobernador priista de Tamaulipas Tomás Yarrington (1999-2005), quien es acusado desde 2012 de estar vinculado con Los Zetas y el Cártel del Golfo. Sobre él pesan 11 cargos, entre ellos crimen organizado, importación de drogas y declaraciones falsas a bancos estadunidenses. Desde su arresto en Florencia, Italia, en abril de 2017, los gobiernos de México y Estados Unidos apresuran una carrera por su extradición.
Sin embargo, en febrero de 2018, la Sexta Sección Penal de la Corte Suprema italiana determinó reexaminar la solicitud del Gobierno mexicano, ya que la Corte Suprema anuló la sentencia inicial del tribunal florentino, que consideraba ‘subsistentes las condiciones para la extradición’ de Yarrington a México.
Al respecto, el abogado de Yarrington, Luca Marafioti, dijo que dicha anulación ‘se dio por alguno de los motivos que nosotros presentamos, como la temática de la tortura, o la temática de la pena, o la temática de la injusticia del proceso’ por parte de las autoridades mexicanas.
Acercándonos al final de esta lista, que tiene como propósito ejemplificar la impunidad que se vive en México, llegamos al caso del exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge (2011-2016), quien es acusado de lavado de dinero, de aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública. Borge, que habría hecho mal uso de 51.2 millones de dólares del erario público, fue detenido en 2017 en Panamá.
Sin embargo, en octubre de 2018, un juez le otorgó un amparo que dejó sin efecto su vinculación a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, el juez ordenó ‘revalorar’ la sujeción a proceso de Borge por lavado de dinero (que es la única acusación federal que pesa sobre él).
La determinación del juez se debió, según la información oficial, a la falta de la debida fundamentación y motivación para la vinculación a proceso, tal y como lo exige el Artículo 16 constitucional, mismo que reza que ‘nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento’.
Un último caso es el del exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina (2009-2015), acusado desde 2016 por el desvío de 3.7 mil millones de pesos, peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido del servicio público y abuso de funciones (con un daño equiparable a 9 mil millones de pesos).
En enero de 2017, un juez de control le dictó prisión preventiva de 30 días. No obstante, unas horas más tarde, gracias a un amparo y debido a los errores procesales durante su enjuiciamiento –como lo fue la filtración de fotografías durante su estancia en la sección de control carcelario– Medina fue liberado para seguir su proceso penal en libertad.
A mediados de agosto de 2018, un juez de control resolvió no vincular al exgobernador a proceso, por considerar que los delitos de peculado y daños al erario público de Nuevo León no se sostenían, ya que la Fiscalía Anticorrupción no precisó (de manera adecuada) los ilícitos que le imputó, así ‘vulnerando’ las posibilidades de defensa de Medina.
Con información de Sin Embargo.